lunes, 21 de diciembre de 2009


MANUEL ALCARAZ RAMOS

He escrito tantos artículos sobre el Plan Rabassa dominando el pesimismo que el lector permitirá que hoy me confiese alegre. Alegría matizada, porque en el análisis de las consecuencias del Auto del TSJ también debe haber prudencia. Pero la prudencia no me impide considerar que los opositores al Plan hemos conseguido una importante victoria. Se pensará que es éxito provisional, y será cierto. Pero sólo en el plano jurídico, porque en el plano político y social el asunto tiene más lecturas. Victoria porque, sinceramente, no lo esperábamos. Nuestros argumentos son legalmente consistentes pero creíamos que sería necesario esperar a que resolvieran la demanda que queda por presentar al TSJ; al fin y al cabo todavía hay más argumentos que los que el tribunal ha considerado ahora, en una resolución durísima frente a la frivolidad con que fueron contestando los defensores del Plan las críticas a su impacto negativo sobre la ciudad.

Por eso, incluso poniéndonos en el peor escenario posible, esto es, en el levantamiento de la suspensión cautelar, la advertencia que hace el Auto sobre los posibles motivos de ilegalidad debe hacer reflexionar a los adalides de la famosa barrabasada. Por eso nada volverá a ser igual: la sombra de la duda legal del Plan está ahí, ha llegado para quedarse.

Por ello es el momento de empezar a echar algunas cuentas. No pediré que se desdigan los políticos y empresarios que han cantado hasta la extenuación, con muchos medios económicos por medio, las virtudes del Plan y la seguridad absoluta en su legalidad. Pero bueno es que lo recordemos, porque son los mismos capaces de seguir defendiendo un modelo de no-ciudad para cuando acabe la crisis. Quizá el Auto no marque la terminación definitiva del Plan Rabassa, pero sí es el mojón de referencia del principio del fin de la especulación urbanística tal y como la hemos conocido: ni las condiciones económicas, ni el ambiente político -manchado por sospechas de corrupción-, ni los cambios en la sensibilidad judicial lo van a permitir. Cuanto antes nos demos cuenta mejor será para la ciudad.

Y es que el Plan Rabassa, pese a las fervientes promesas de políticos del PP y promotores, no ha movido ni un metro de tierra, pero sí que ha dado lugar a un uso especulativo del suelo y a expectativas distorsionadas que ahora se tendrán que ir al garete. Pase lo que pase con la suspensión, ¿será creíble seguir prometiendo que el Plan es la tierra de leche y miel donde todo cabe, la solución a todos nuestros males?

El Plan Rabassa, por su extensión y significado, marca el destino de Alicante, pero no sólo en lo urbanístico, sino en lo económico.

El control de tal espacio atribuía a los adjudicatarios un poder extrademocrático con el que presionar en toda la ciudad. Desde que en el verano pasado se aprobó, se ha hablado de trasladar el Rico Pérez -y, si no, de buscar ventajas para el propietario- y del gigantesco proyecto de centros comerciales. Y pese a que de viviendas -incluidas VPO- no se ha vuelto a hablar, en cada caso se ha intentado extorsionar a la opinión pública con necesidades sociales. Los desequilibrios provocados por el Plan, antes de meter un ladrillo, ya se hacían notar, incidiendo negativamente en los discursos que piden diversificar la economía, en las previsiones de gasto público, en el estrangulamiento del pequeño comercio, en las cuentas de entidades financieras y hasta en la reactivación del sector inmobiliario -¿quién va a querer lanzarse con esa concentración privilegiada del mercado?-.

El problema, ahora, no es Ikea, como se han empeñado en decir nuestros políticos. El problema es el Plan Rabassa y la filosofía implícita que hay en él y que ha rebatido el Auto del TSJ. No creo que nadie se aventure a seguir metiendo miedo con el empleo y la necesidad de vivienda: repitamos, otra vez, que hace 10 años se aprobó el PAU III a favor del mismo adjudicatario principal del Plan RabassaÉ no se ha construido ni una vivienda ni se ha creado un solo puesto de trabajo. El Auto también debe llevarse la hipocresía y la propaganda. Ya está bien, ¿no?

Si repasamos los muchos años de mando de Díaz Alperi no recordamos ninguna actuación que dejara su impronta, sólo el Plan Rabassa es su herencia. La que aceptó Castedo, alcaldesa hoy y concejala de Urbanismo en toda la tramitación. Como en el Plan aún no hay festejos populares no ha podido bailarle el agua a las lagunas, pero le ha pesado en todo lo que tuvo que ser su gestión seria. En otro momento, en otro lugar, esto daría lugar a dimisiones, entre otras cosas porque una suspensión definitiva le podría costar mucho dinero a la ciudad y porque carece de un Plan B. Ha actuado de la manera más irresponsable con Ikea, cuando sabía que el escenario legal con el que ahora nos encontramos era bien factible.

Que ahora trate de buscar otro lugar para la instalación culmina el desatino: ¿no nos ha dicho, entre aplausos felices, que el del Plan Rabassa era el único posible y que, si no, no se construiría?

Por eso sólo hay una medida sensata: parar, parar políticamente antes de que judicialmente lo paren, antes de que el procedimiento se empantane por años en los pasillos del Poder Judicial; parar, ahora que saben que no son invulnerables. Parar y sentarse -no con Ikea- sino con los recurrentes, con informes jurídicos, con la perspectiva de cambiar el PGOU en trámite. Parar el Plan Rabassa y debatir con luz y buena fe el futuro de esa pieza esencial para la ciudad, diversificando sus funciones, evitando el uso insostenible de suelo y agua, evitando gastos futuros y crispación social.

No hemos ganado ninguna guerra. Tiempo habrá para cosechar otros sinsabores. Pero cada día tiene su afán. Y en el día de hoy lo más importante es que sabemos que vamos a pasar unas Navidades sin el Plan Rabassa. Felices Fiestas.

LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA


JUAN R. GIL

Convendría que algunos no se rasgaran exageradamente las vestiduras ahora que el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido de forma cautelar el Plan Rabasa hasta que, entrando en el fondo, pueda determinar su sostenibilidad y su legalidad. Lo digo porque aquí, salvo la tantas veces denostada como siempre necesaria Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), la cuasi desaparecida Esquerra Unida y este mismo periódico, los demás actores políticos y sociales de Alicante han contribuido decisivamente al belén que ahora tenemos montado.

Todos, con las únicas excepciones que se han mentado más arriba, pusieron de su parte lo que el promotor les reclamó.

Viene al caso, pues, recordar que el Plan Rabasa tiene muchos, demasiados padres. Que es el fruto de un tiempo político en el que había un alcalde, como ya se decía aquí de Luis Díaz Alperi, que miraba Alicante y no veía más que un puñado de solares, bajo cada uno de los cuales podía esconderse un tesoro. De una concejal de Urbanismo, la hoy alcaldesa Sonia Castedo, que se convirtió en la más eficiente ejecutora y la más ardorosa defensora de ese discurso, que mientras postergaba la revisión del Plan General iba depredando la ciudad por parcelas. Y de un Ripoll, recién llegado a la Diputación pero aspirante todavía por aquel entonces a sentar sus reales en la plaza del Ayuntamiento, que se pasaba el día amagando, aunque nunca pegaba: siempre acababa asintiendo.

Pero también hijo de un tiempo en el que había un Partido Socialista rendido con armas y bagajes a esa misma política, que refrendó votando a favor de ese macroproyecto en el mismo pleno en el que Alperi -do ut des- les subía los sueldos a todos. ¿Que luego les cortaron la cabeza a los más significados líderes de aquel grupo? Sin duda. Pero al que se encargó de rebanársela, con el sencillo argumento de que el PSOE no trabajaba para un empresario sino para una ciudad, Antonio García Miralles, lo jubilaron en cuanto pudieron y el actual secretario general, Roque Moreno, aunque ni estaba aún en el Ayuntamiento ni apoyó el desdichado plan, se ganó el puesto en la última asamblea, hace apenas unos meses, gracias precisamente a quienes entonces pactaron con el PP adorar el becerro de oro.

Eran tiempos, la hemeroteca está para atestiguarlo, en los que mientras algunos escribíamos páginas y páginas denunciando que un proyecto que pretendía dar cobijo a cuarenta mil personas no podía hacerse al margen de un Plan General que lo conectara desde todos los puntos de vista con la ciudad, que lo insertara en ella, otros, como el actual portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, defendían, no sólo la legalidad del Plan Rabasa, sino la obsolescencia de los planes generales, instrumentos que, en su opinión, habían quedado superados porque no se podía, y en esto cito de memoria pero casi literalmente, pretender que un documento elaborado hoy organizara en serio por diez o doce años un municipio en movimiento.

Tiempos asimismo en que la patronal salía todos los días a manifestarse, a golpe de silbato del Consell, contra la falta de agua, pero no veía mayor problema en que dentro de Alicante creciera, como un embarazo extrauterino, un nuevo municipio sin establecer los servicios con que debía contar ni las consecuencias para el resto de la ciudad. Al contrario, a "eso" le llamaron "riqueza". Tiempos, también, en que los socialistas justificaban su voto a favor porque faltaban VPO mientras el PP, con el silencio cómplice o inepto (tanto da) del PSOE, llevaba, no sólo diez años sin habilitar suelo para ellas, sino sin obligar siquiera a los promotores a construirlas en los planes que ya estaban aprobados y que sí las contemplaban.
Tiempos, como mínimo, en que había en Alicante dos alcaldes, Alperi y Enrique Ortiz, y ninguno de ellos defendía el interés general.

El constructor, lo dije entonces y lo mantengo ahora, era el único que parecía estar en su papel: el de sacar adelante su beneficio sin mirar atrás ni pararse en mientes. Pero cuando ahora, a la vuelta de los años y con la suspensión encima de la mesa, se echa la vista atrás, no queda otra que pensar que llegó un momento en que, de tan crecido como estaba, se le fue la mano. El Plan Rabasa fue un plan con forceps, sacado adelante a base de una presión intolerable ejercida, no sólo sobre los partidos políticos a través de sus principales dirigentes, sino sobre los sindicatos y el movimiento ciudadano, el poco que queda, en un proceso en el que se llegó a jugar de forma harto mezquina con las esperanzas de la gente, haciéndoles apuntarse en listas para aspirar a una vivienda protegida que no tenían validez legal alguna. ¿Y todo para qué? Pues ahora se ve que para nada.

Rectifico: para nada, no. Para liar una monumental. Para que ahora corramos el riesgo de que la suspensión cautelar, simplemente eso, sin ni siquiera esperar a que llegue la sentencia definitiva, sea en el sentido que sea, desencadene un efecto dominó que acabe por afectar al grupo empresarial más potente de la provincia, a las cajas de ahorro, a un proyecto que Alicante quiere, el de Ikea, e incluso a la supervivencia del Hércules.

Ahora bien: con ser todo eso cierto (que el Grupo Cívica va a ver frenadas en el peor momento de la crisis sus expectativas de desarrollo, que Ikea no tiene intención alguna de esperar dos años a ver cómo se resuelve el entuerto, que las cajas tienen suelo -Bancaja, en concreto, el 40% del plan; la CAM sólo en torno a un cinco- pero, sobre todo, tienen mucho dinero prestado ahí y que el Hércules ya era una losa para las cuentas de Ortiz), con ser todo eso verdad, digo, no vale de excusa ni puede consentirse que se pretenda utilizar como coartada para presionar al tribunal y extender una cortina de humo que intente tapar todo lo mal que se ha hecho y se ha llevado este asunto.

Si hemos dicho que el plan se gestó en tiempos de especulación pura y dura y mediocridad (por no hablar de otra cosa) política, ahora sólo cabe exigirles a todos aquellos que procuraron este embrollo que busquen la solución para que la ciudad no sea, al final, de nuevo la perjudicada. Ahí tiene la alcaldesa un ejercicio de liderazgo que demostrar. El PSOE, uno de responsabilidad que realizar. Y el empresario, otro de realismo y, sobre todo, de humildad. Porque si 2005 fue para él el año del esplendor, éste de 2009, que acaba con Rabasa paralizada y él en los tribunales denunciado como supuesto cómplice de la presunta financiación ilegal del PP, ha sido su annus horribilis. Pero que no se confunda: los cimientos de lo que hoy le ocurre los puso aquel día en que hizo levantar la mano y agachar la cabeza a todos los concejales de la Corporación menos a uno.

viernes, 18 de diciembre de 2009

EL PRINCIPIO DEL FIN DEL SECUESTRO DE LA CIUDAD POR LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA

EL TSJ SUSPENDE CAUTELARMENTE EL PLAN RABASSA
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1.- La decisión del TSJ es provisional, pero supone un espaldarazo de gran calibre a las posiciones que ha venido defendiendo la PIC y todos los que se han opuesto, a lo largo de los últimos años, al Plan Rabassa. Con independencia de futuras decisiones que adopte el Tribunal, la actual significa que la sombra de la duda legal recae, como siempre hemos dicho, sobre el Plan.

2.- El auto recae sobre el recurso inicial, es decir, antes de que la PIC y otros recurrentes presenten la demanda definitiva, lo que se hará en los próximos días siguiendo los plazos legales previstos. Por ello es más importante aún la decisión, ya que en esa demanda los recurrentes argumentarán con mucha más profundidad las razones para pedir la nulidad del Plan Rabassa y la confirmación de la suspensión.

3.- La PIC lamenta el empecinamiento del PP en la defensa del Plan -que se aprobó siendo concejala de Urbanismo Sonia Castedo-. Desde muchos lugares se había advertido de que se carecía de la certificación de disponibilidad de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo legalmente competente: se minusvaloró el argumento y se trató de bordear la legalidad. Especialmente significativo es que el auto de suspensión aprecie también que el PAI está fuera del PGOU: también advertimos que ello era una sinrazón evidente y que la jurisprudencia había apreciado como causa de ilegalidad esta circunstancia en otros PAIS. El menosprecio de este hecho ha sido de tal envergadura que en el actual proyecto de PGOU figura el Plan Rabassa como “en ejecución”, lo que es una manifiesta mentira: el PP local desaprovechó la revisión del Plan General, incluso, para introducir el Plan Rabassa.

4.- La PIC ha advertido reiteradamente que el negocio prioritario del Plan Rabassa no era la construcción de viviendas, sino la especulación con el suelo, que otorgaba a los adjudicatarios una gran capacidad de presión sobre la ciudad. Esta idea se vio inmediatamente confirmada cuando se produjo la autorización por parte de la Generalitat: inmediatamente empezaron a producirse fenómenos como el intento de trasladar al Plan Rabassa el Rico Pérez y, sobre todo, la instalación de centros comerciales. La PIC advirtió sobre la tremenda irresponsabilidad de estos movimientos, ante la posibilidad de suspensión o/y anulación del Plan. Incluso si se levantara la suspensión actualmente vigente: ¿qué seguridad jurídica existe a partir de ahora para estos proyectos?

5.- Por todo lo indicado la ciudad merece y la PIC exige una inmediata explicación por parte de Alcaldesa, quien reiteradamente ha defendido la oportunidad y legalidad del Plan Rabassa y ha estado, como hemos dicho, bendiciendo todas las propuestas, hasta las más insólitas, que tenían como escenario el Plan Rabassa. La PIC propone que vuelva la sensatez y lo más sensato es que la Alcaldesa, gran responsable de toda la situación, encargue los informes pertinentes, convoque a los recurrentes y establezca los mecanismos de diálogo ciudadano oportunos, encaminados a la renuncia definitiva al Plan Rabassa, ahorrando a la ciudad un gasto económico que podría ser considerable y la lógica crispación ciudadana. Este sería un rasgo de responsabilidad que la redimiría de la irresponsabilidad mostrada hasta ahora.

6.- Con independencia de lo que depare el futuro, la decisión judicial debe ser consideraba como el principio del fin del secuestro de la ciudad por la especulación urbanística: supone una divisoria, hay un antes y un después. La consideración de que hay argumentos solventes contra el principal proyecto urbanístico en la historia de Alicante es una gran razón para la satisfacción.

7.- La PIC, que nació para oponerse al Plan Rabassa y que tuvo que luchar contra muchos ataques interesados, a veces en bastante soledad, muestra su gran alegría por esta decisión, que quiere celebrar con todos los que han apoyado y apoyan su posición en esta y en otras cuestiones. Como detalle de buena voluntad, en estas fechas tan señaladas, regalará a la Alcaldesa de la ciudad uno de los grabados que editó para sufragar los gastos del recurso contra el Plan Rabassa. En el futuro los jueces dirán lo que consideren oportuno, pero no hay nos va a quitar la satisfacción por nuestro trabajo desarrollado. Necesitamos esta energía porque aún queda mucho por hacer. Vendrán otras preocupaciones, pero ahora sabemos que tenemos derecho a la esperanza.

miércoles, 16 de diciembre de 2009

sábado, 12 de diciembre de 2009

REDES WI-FI Y MEJOR ALUMBRADO, PETICIONES DE LA PIC A LA ALCALDESA

La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas de Alicante ha hecho días pasados una serie de sugerencias al ayuntamiento de la ciudad para poder aprovechar las nuevas inversiones que llegarán a las arcas municipales en la segunda edición del Plan E, destinadas esta vez, a impulsar la inversión en el medio ambiente y la innovación en la sociedad del conocimiento.

La PIC, en escrito presentado en el Registro municipal, pide sean tenidas en cuentas diversas ideas que podrían incluirse en la solicitud de ayudas para la solicitud de inversión del Plan E para el próximo 2010.


Entre estas sugerencias de la Plataforma destaca la extensión del acceso público a redes inalámbricas de conexión a Internet a todo el casco urbano y pedanías, con atención especial a núcleos de población que carezcan de tal acceso.

Del mismo modo, el colectivo ciudadano apunta la necesidad de instalar paneles de energía fotovoltaica en los distintos edificios públicos, de modo que, con esta inversión, pueda reducirse parte del gasto corriente de las instalaciones municipales.

Finalmente, en su petición, cursada recientemente a la alcaldesa, la PIC sugiere que el ayuntamiento aborde un plan de sustitución del alumbrado público actual, además del sistema de semáforos por otros del tipo LED o de ahorro energético.

miércoles, 2 de diciembre de 2009



“¿Era necesario hacerlo así de mal?”, pregunta la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas.

UN ASCENSOR DEL TRAM ROMPE LA IMAGEN DE LUCEROS


La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas llama la atención de los alicantinos ante el desaguisado estético-urbanístico que los responsables del TRAM podrían perpetrar en la Plaza de los Luceros de Alicante.

Como se refleja en la imagen que adjuntamos – captada el pasado lunes por la noche desde la Avenida de la Estación - , si, finalmente, se consuma la instalación de un ascensor de acceso y salida a la futura estación del TRAM, se cometería un atentado estético contra el conjunto de la Plaza de los Luceros, al invadir físicamente el espacio de este lugar emblemático y singular de la ciudad.


El ascensor, que invade y rompe la imagen de la escultura , impide, además, ver la obra y la plaza desde cualquier punto de la Avenida de la Estación mirando a la contigua de Alfonso X el Sabio .

La PIC se pregunta si no hay otra solución que evite este “apaño”. ¿Era necesario sacrificar la imagen de Luceros de esta manera tan burda ¿ ¿No es posible facilitar este acceso al público desde otro punto de la plaza que no fuera el que ahora se está invadiendo?

Esperamos de los responsables de las obras del TRAM y sus accesos una solución estética y urbanística menos perjudicial que la que se acomete en este momento.

jueves, 12 de noviembre de 2009

Entrevista a Manolo Alcaraz


1. En los últimos años se han aprobado en España diferentes medidas contra la corrupción, desde el Código de Buen Gobierno a la nueva ley de financiación de los partidos, la reforma de la ley del suelo, la reorganización de la fiscalía anticorrupción o la creación de unidades especiales en la Guardia Civil. ¿Cuáles de estas u otras medidas le parece que están funcionando bien y cuáles no? ¿Por qué cree que no funcionan las que están fallando?
No me atrevo a detallar pero es evidente que en el origen de mucha corrupción hay un cruce de dos elementos:
-Modelo de crecimiento económico: el todo vale alrededor de la construcción, que exige negocios rápidos y connivencias múltiples para maximizar el beneficio en el menor tiempo posible. Mientras ese modelo se mantenga no cesará la corrupción.
-Modelo de actuación política de los principales partidos –en especial el PP, que “entiende mejor” los beneficios rápidos-, que, siempre que obtengan beneficios a corto plazo miran para otro lado, hacen listas electorales sin atender al interés público, juegan a ausencia de transparencia, etc.

2. ¿Qué medidas deberían tomarse para atajar el problema de la corrupción? Por favor, si es posible, detalle cómo cree que se podría acabar con la financiación ilegal de los partidos, con el urbanismo como caldo de cultivo de prácticas irregulares, con el fraude de ley del fraccionamiento de contratos para eludir su control o con los regalos a las autoridades públicas.
Algunas posibles –sin agotar el tema-:
-Cumplimiento estricto y ampliación de las normas de transparencia, informes previos, etc. Asegurando que la sociedad civil, los medios de comunicación, organizaciones cívicas y partidos de oposición tengan acceso rápido y real a toda la documentación sobre un amateria, gestión presupuestaria, etc. Con mecanismos judiciales rápidos para conseguirla si hay obstrucción, incluyendo sanciones a los responsables.
-Establecimiento de nuevos tipos penales, p.ej.: el enriquecimiento injusto.
-Normas más rígidas de incompatibilidades de los cargos públicos y funcionarios, sobre la base de la prohibición estricta de ejercer ningún negocio durante el mandato ni relacionado con sus tareas varios años después, con un seguimiento activo de fiscalía.
-Reformulación de Reglamentos Parlamentarios, para acotar la in inviolabilidad y el aforamiento para actos sucedidos durante el mandato parlamentario y relacionados directamente con éste.
-Cambios en la ley electoral: abrir las listas electorales municipales.
-Favorecer mecanismos en el ámbito local de participación: evitar clientelismo en ayudas y subvenciones, ILP, consultas populares.
-Mejorar la financiación municipal con un mejor control de Tribunales de Cuentas. Incentivar medidas de austeridad municipal, p.ej: obligando a mancomunar servicios o, incluso, unificando núcleos de población dispersa en un mismo Ayuntamiento.
-Medias “antimonopolio vertical”, prohibiendo que un mismo empresario acumule un exceso de suelo o viviendas.
-Medias activas y públicas de promoción de la vivienda.
-Facilidades para la denuncia de casos de corrupción, garantizando el secreto o, incluso, perdonando a los denunciantes.
-Cruzar con más eficacia los datos de policía y fiscalía con los de la administración tributaria.
-Facilitar la acción popular.
-Mejoras en la legislación procesal y en los medios para garantizar celeridad en las decisiones y acabar con la presunción de facto de que que las administraciones públicas tienen razón. Posibilidad de poderse decretar la suspensión del ejercicio del cargo público tras la imputación de un cargo público.
-Mejor regulación de las comisiones de investigación.
-Creación de comités u observatorios de ética pública que elaboren informes a niveles estatal, autonómico y local, formados por empresarios, sindicatos, profesores, colegios profesionales, etc.

3. ¿Qué otras actuaciones habría que añadir a las que ya existen?
Nada de lo indicado tendrá una eficacia absoluta si los grandes partidos no reintroducen en sus prácticas políticas los valores cívicos y democráticos como ejes centrales de su actuación con la promoción de medidas de austeridad, limitación de los cargos de confianza, reflexiones sobre la función de ejemplaridad de los cargos públicos, racionalidad en la confección de listas –en lugar de elaborarlas a base de primar enjuagues entre “familias”, grupos de presión, etc. Al fin y al cabo la corrupción económica –en especial la urbanística- provoca una corrupción de la política con la emergencia de nuevos caciques. Pero la ciudadanía incluye los efectos de la corrupción en un marco más amplio: la credibilidad y prestigio global de partidos y políticos. Sería bueno que los partidos realizaran anualmente “auditorias éticas”, examinando el comportamiento, normas internas, etc. de una serie de organizaciones.

4. ¿Son necesarios órganos independientes de control? ¿Debe dotarse al Tribunal de Cuentas de nuevas funciones?
-Auditorias aleatorias sobre entes públicos.
-Desvicaciones económicas como causa de desviaciones de la legalidad o de malas prácticas: subvenciones, excesos en la contratación de personal de confianza, excesos en el fraccionamiento de contratos, exceso de “reformados” en las obras públicas…

5. ¿Son necesarias condenas judiciales más duras?
Más duras y más rápidas, y más tipos penales: enriquecimiento injusto, desviación de fondos públicos para fines impropios…. Una de las causas de la corrupción –detectables en las opiniones de políticos y empresarios- es la sensación de invulnerabilidad.

6. Cuatro de los siete países mejor situados en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparency International son escandinavos. ¿Qué hay en el modelo político y/o administrativo de estos países para sufrir en menor medida este problema? Algunos autores apuestan por una reforma completa de la administración local que limite al mínimo el margen de los políticos para tomar decisiones discrecionales y profesionalice el trabajo de los funcionarios.

-No conozco la legislación de los países escandinavos, pero es evidente que está en relación con una cultura política que incluye mayor rigor ético y participación social. Quizá, también, haya un mayor respeto por el medio ambiente que impide determinadas actuaciones.
-A lo segundo he contestado antes.

martes, 13 de octubre de 2009

Una ciudad que intenta regresar al pasado



El dato principal de la realidad de Alicante es su inmersión en la crisis económica. A finales de agosto había en la ciudad 29.535 parados, diez mil más que hace un año: un 20% de desempleados. La situación es humanamente angustiosa y tendrá otros efectos como la reducción del flujo de inmigrantes y el estancamiento demográfico, la volatilización de ahorros o el cierre de pequeños comercios.

Pero el Ayuntamiento no ha planteado políticas activas y la alcaldesa ha manifestado que poco puede hacer, reduciendo la cuestión a la atención por los servicios sociales de casos sangrantes. La experiencia demuestra que se pueden adoptar medidas de concertación social, como Pactos Locales por el Empleo, que exploren nuevas vías y que transmitan confianza. Tampoco se reúne desde hace años el Consejo Económico y Social, que no se adaptó a la Ley de Grandes Ciudades.

Lo más grave es que en Alicante, probablemente, crisis y desempleo serán más duraderos por el peso de la construcción. Su recuperación requerirá reducción del paro, facilidad para obtener préstamos, crecimiento demográfico sostenido y la venta del stock de casas: nos encontramos en un círculo vicioso. La salida de la crisis, también, será ocasión de despegue para algunos territorios, mientras que en otros las condiciones para el crecimiento no serán tan positivas como antes de ella. Podemos encontrarnos ante esta última realidad por la ausencia de mecanismos de concertación y de instrumentos institucionales de intervención.

Para el PP la superación de la crisis pasa por la continuación de los negocios dominantes antes de su inicio, con su misma forma. Por ello su gestión de la crisis está siendo insolidaria -atiende más a los intereses a largo plazo de algunos poderes fácticos que a los intereses generales- e irracional -se basa en percepciones del pasado, en lugar de atender al diseño del futuro-. Tampoco intenta trasladar los planes estratégicos provinciales presentados. Y el proyecto de PGOU no atiende a criterios de innovación económica, partiendo de proyecciones demográficas que, probablemente, son obsoletas, para justificar la construcción desenfrenada de vivienda. Así pues, el "año Castedo" es, sobre todo, el año de la crisis y del paro, el año en que no ha adoptado decisiones estratégicas para diversificar la economía alicantina y generar confianza y solidaridad.

La alcaldesa encontró un horizonte favorable: no desgastada por procesos electorales, con una ciudad fatigada de la inoperancia de su predecesor y con una débil oposición. Su llegada significó que lo que fue por años inercia institucional se transformara en acción de gobierno, algo que también interesaba a algunos poderes económicos en época de crisis. Hay que reconocer el dinamismo de Castedo, que le ha permitido generar corrientes de proximidad con ciertos sectores sociales, constituir un nuevo grupo en el PP municipal y seguir desbordando a una oposición inconstante.
Castedo ha orientado su imagen hacia posiciones populistas, de rentabilidad inmediata en términos de reconocimiento, que intenta hacer olvidar sus muchos años en el Ayuntamiento, en los que decidió en multitud de tremendos asuntos urbanísticos.

La efervescencia de su gestión ha permitido disimular la ausencia de impulsos de auténtico cambio. Así, las grandes intenciones se resuelven con medidas epidérmicas, los gestos reivindicativos ante el Gobierno del Estado se vuelven muecas de sumisión ante la Generalitat Valenciana -cuyo apoyo sería más importante en materias esenciales-, su pregonada necesidad de "querer a Alicante" resbala por lo circunstancial. Y, sobre todo, es incapaz de imaginar la ciudad en términos distintos de los recibidos.

El PGOU podría haber sido su mayor aportación en estos meses. Aparte de intentar hacer olvidar su responsabilidad personal en el retraso del mismo, se esforzó en dar la impresión de impulsar un debate participativo. No era así: cambió un auténtico debate, basado en información real y suficiente, por presentaciones publicitarias. Superado ese periodo de protagonismo, el PGOU ha quedado reducido a un viaje de la nada a la nada: es el documento en el que se dice que la ciudad está condenada al único camino del desarrollo desmesurado, sujeta a modificaciones impulsadas por los principales poderes fácticos. Nunca se usó tanto papel para decir que todo seguirá políticamente igual.

La mejor muestra de ello es que el Plan Rabassa figura falsamente en el PGOU como "en ejecución". Pero, realidad y metáfora de una época, finalmente la Generalitat ha aprobado el Plan Rabassa, tras un ansioso bombardeo publicitario sobre sus bondades. Durante años la PIC afirmó que el negocio del Plan no era la vivienda sino la gestión especulativa del suelo: nunca imaginamos que veríamos tan pronto confirmadas nuestras sospechas. Las prisas por la aprobación impidieron que se incluyera el recorte de 300.000 metros cuadrados, en zonas verdes, como reserva de suelo ferroviario. Pronto entendimos la urgencia: es el gran atractor de grandes golpes de mano económicos que se están gestando en las sombras de los despachos que deciden lo que ha de decidir el Ayuntamiento.

El anuncio de la instalación de Ikea sería positivo si no fuera porque lleva aparejado el de otros centros comercialesÉ y porque puede encontrarse con la declaración de ilegalidad de la actuación urbanística, porque para estas improvisaciones no existe adjudicación administrativa. Las provocativas noticias sobre el futuro del Estadio del Hércules revelan las fabulosas maniobras especulativas que se están gestando. Y recordemos que el PGOU ya cambió el diseño del Tossal para favorecer a la empresa que fagocitó al Hércules. Que se incumpla el contrato de reparación y que no podamos saber en qué terminará todo el proyecto, también es indicativo del desconcierto.


La incompetencia de unos y otros está haciendo que el Centro de Congresos, la entrada sur, la evolución del Puerto, la reforma de la zona de la Estación de Autobuses, la torre de comunicaciones o la reforma de la Zona Norte, se eternicen o sean auténticas chapuzas, en lo que incide la crisis de la financiación basada en la extracción de plusvalías. Entre lo positivo está la aceleración de la Casa Mediterráneo, la remoción del Castillo de Santa Bárbara y de Tabacalera y algunas actuaciones del TRAM -que pueden empañarse con su privatización-.

Tampoco las autoridades municipales se han mostrado activas en la defensa de los servicios públicos, cuyos déficits repercuten en los más débiles. Hay una ausencia de aliento estratégico, una renuncia a contemplar la ciudad como realidad compleja que precisa definir un modelo, dirigido desde las instituciones democráticas, que nos sitúe en mejores condiciones para la salida de la crisis.

La PIC celebra que en Alicante vuelva a haber "algo de gobierno", pero advierte sobre la necesidad de analizar sus aspectos concretos, cuyas decisiones no llegan a partes esenciales de la vida local, singularmente a la evolución económica y al urbanismo significativo, en las que las acciones institucionales siguen siendo inexistentes o están teledirigidas. No conviene deslumbrarse ante los fulgores de lo aparencial cuando tanto ciudadano lo pasa mal y no encuentra esperanza que no vaya acompasada por algún tipo de manipulación.

Quizá algunos crean que sólo con festejos la ciudad recuperará el optimismo. Si así fuera, Alicante sería una ciudad que está regresando, alegremente, al pasado en lo fundamental: sus mecanismos de generación de riqueza, su modelo de (des)estructura urbanística y sus señas de identidad. Eso es lo que se oculta bajo el capcioso concepto de "progreso" que se está propagando. Y además es imposible

miércoles, 30 de septiembre de 2009

Una ciudad que intenta regresar al pasado



UNA CIUDAD QUE INTENTA REGRESAR AL PASADO

Desde hace varios años la PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS abre el Curso con la elaboración de un documento, necesariamente breve y sintético, en el que se analiza la evolución de la vida política, social y económica en Alicante. He aquí el correspondiente al Curso 2008-2009.

El dato principal de la realidad social de Alicante es su inmersión plena en la crisis económica. A finales de agosto había en la ciudad 29.535 parados, diez mil más que hace un año. Eso significa que nos acercamos a un 20% de desempleados. La situación es humanamente angustiosa y tendrá efectos diferidos de gran importancia: la caída en la tasa de empleo implica otros fenómenos como la reducción del flujo de inmigrantes, que supondrá el estancamiento demográfico, o el cierre de pequeños y medianos comercios en lo que no es un mero ajuste en el mercado, sino que supondrá quiebras importantes en las redes de equilibrios en muchos barrios. Prácticamente, sin embargo, el Ayuntamiento no ha planteado ninguna política activa frente a la crisis, la Alcaldesa ha manifestado que poco puede hacer y ha reducido la cuestión a la atención por los servicios sociales de los casos más sangrantes. Pero eso es falaz. La experiencia demuestra que se pueden adoptar medidas importantes de concertación social, como Pactos Locales por el Empleo, que exploren nuevas vías y que transmitan confianza. Pero aquí ni siquiera se reúne desde hace años el Consejo Económico y Social, que no se ha adaptado a la Ley de Grandes Ciudades.
Pero lo más grave es que la ciudad no está haciendo una reflexión esencial: en Alicante, probablemente, la crisis y el desempleo masivo serán más duraderos por el fuerte peso del sector de la construcción. Y una recuperación del mismo requerirá de la reducción del paro -imprescindible para que crezca la confianza que lleva a la compra de viviendas-, de la facilidad para obtener préstamos, de crecimiento demográfico sostenido y de la venta previa del stock de casas: en Alicante todos esos elementos son negativos, por lo que nos encontramos en mitad de un círculo vicioso. Por otro lado, la salida de la crisis será una ocasión de despegue para algunos territorios, mientras que en otros, sin embargo, las condiciones para el crecimiento no serán tan positivas como antes de la crisis. Aquí podemos encontrarnos ante esta última realidad por la ausencia de mecanismos de concertación y por la ausencia de instrumentos institucionales de intervención. En efecto: para el PP la superación de la crisis, aquí, pasa estrictamente por la continuación de los negocios dominantes antes de su inicio, y con su misma forma, y ese es el escenario que se está provocando con diversas medidas urbanísticas y sociales. Por lo tanto, la gestión de la crisis está siendo profundamente insolidaria –atiende más a los intereses a largo plazo de algunos poderes fácticos que a los intereses generales- e irracional –se basa en percepciones del pasado, en lugar de atender al diseño del futuro-. Por lo demás no hay intento de traslación al ámbito local de los diversos planes estratégicos presentados últimamente. El proyecto de PGOU, en fin, no tiene ni memoria económica y parte de unas proyecciones demográficas que, probablemente, ya han quedado obsoletas. Y todo ello para volver a justificar la construcción inmoderada de vivienda.
Se está, pues, olvidando que el “año de Sonia Castedo” es, sobre todo, el año de la crisis, el año en que no se han adoptado decisiones estratégicas para diversificar la economía alicantina y generar confianza y solidaridad. Sin embargo eso no significa que no haya habido un cambio en el estilo de actuación política que ya preveíamos el año pasado –cambio en el estilo, permanencia en las políticas de fondo-. La nueva Alcaldesa se ha encontrado con un horizonte político muy favorable: no desgastada por ningún procedimiento electoral, con una ciudad fatigada de la inoperancia y prepotencia de su predecesor y con una débil oposición. Por ello, su llegada ha significado que lo que fue por años mera inercia institucional se transforme en gobierno efectivo, algo, por lo demás, que interesaba a algunos poderes económicos en épocas de crisis. Hay que reconocer también el dinamismo de Castedo en determinados ámbitos que, entre otras cosas, ha permitido generar corrientes de proximidad con ciertos sectores sociales y constituir un nuevo eje político en el PP en el Ayuntamiento y, con todo ello, seguir desbordando a una oposición que sigue confundiendo su tarea con la protesta esporádica.
Castedo, por lo demás, ha dirigido su maquinaria de imagen hacia posiciones populistas, de rentabilidad inmediata en términos de reconocimiento e imagen y, sobre todo, para hacer olvidar que lleva muchos años en el Ayuntamiento, que su firma acompaña a la de Alperi en multitud de tremendas decisiones urbanísticas. La efervescencia de su gestión ha permitido disimular con cierta eficacia la ausencia de impulsos de auténtico cambio. Así, las grandes intenciones se ven resueltas con medidas epidérmicas y coyunturales; los grandes gestos reivindicativos ante el Gobierno del Estado se vuelven en muecas de sumisión ante el Consell de la Generalitat Valenciana –cuyo apoyo sería mucho más importante en materias esenciales-; su pregonada necesidad de “querer a Alicante” se resbala por lo circunstancial, sin más sustancia que la que pueda esperarse de pregones festivos. Y, sobre todo, es incapaz de imaginar la ciudad en términos distintos de los recibidos.
El PGOU podría haber sido su mayor aportación en estos meses. Aparte de intentar hacer olvidar su responsabilidad personal en el retraso del mismo, se esforzó en dar la impresión de impulsar un debate ciudadano participativo. Pronto vimos que no era así: cambió ese auténtico debate, que debía basarse en información real y suficiente, por presentaciones publicitarias. En todo caso, superado ese periodo de protagonismo, el PGOU ha quedado reducido a un viaje de la nada a la nada: es el documento interminable en el que se dice que la ciudad está condenada al único camino del crecimiento inmoderado y sujeto –ya veremos hasta cuando- a las modificaciones impulsadas por los principales poderes fácticos. Nunca se usó tanto papel para decir que todo seguirá políticamente igual.
La mejor muestra de ello es que el Plan Rabassa figura en el PGOU como “en ejecución”, lo que es manifiestamente falso. Pero, realidad abrupta y metáfora de una época, finalmente la Generalitat ha aprobado el Plan Rabassa, medida que vino precedida de un bombardeo publicitario sobre las bondades del mismo, desconocido hasta ahora, que indica cierta ansiedad. Durante años la PIC ha venido afirmando que el negocio del Plan no era la vivienda sino la gestión especulativa del suelo, pero nunca imaginamos que veríamos tan pronto confirmadas nuestras sospechas. Las prisas por la aprobación definitiva impidieron que se incluyera el recorte de 300.000 metros cuadrados, en zonas verdes, necesarias como reserva de suelo ferroviario. Pero pronto entendimos las prisas: el Plan Rabassa es el gran atractor de todos los grandes golpes de mano económicos que se están gestando en los sombras de los despachos que deciden lo que ha de decidir el Ayuntamiento. El anuncio de la instalación de IKEA sería positivo si no fuera porque lleva aparejado el de otro centro comercial… y porque puede encontrarse con la declaración de ilegalidad de la actuación urbanística, entre otras cosas porque para estas innovaciones no existe adjudicación municipal ni autonómica. De la misma manera, las recientes y contradictorias noticias sobre el traslado al Plan Rabassa de Estadio del Hércules ponen de relieve las fabulosas maniobras especulativas que se están gestando. En todo caso conviene recordar que el PGOU ya cambió el diseño de la zona para favorecer a la empresa que ha fagocitado el prestigio del Hércules, que urdió un plan de legitimación con el concurso de brillantes proyectos arquitectónicos. Por lo demás no sabemos, a día de hoy, si tal empresa ha pagado el precio acordado por la compra del Rico Pérez ni porqué el Ayuntamiento no le ha reclamado el incumplimiento de contrato que supone no haber remozado el estadio herculano.
Finalmente la incompetencia de unos y de otros está haciendo que obras esperadas es la ciudad como el Centro de Congresos, la entrada sur, la evolución del Puerto, la reforma de la zona de la Estación de Autobuses, la torre de comunicaciones, la reforma integral de la Zona Norte o la estación intermodal, se eternicen o vayan dibujándose como auténticas chapuzas. A ello se suma, cada vez con mayor dramatismo, la crisis de la financiación de grandes proyectos basada prioritaria o exclusivamente en la extracción de plusvalías. Entre lo positivo parece que se va a acelerar la puesta en funcionamiento de la Casa del Mediterráneo, la remoción del Castillo de Santa Bárbara y de Tabacalera y algunas actuaciones del TRAM –que ahora quieren empañarse con la privatización de la gestión-. Tampoco las autoridades municipales se han mostrado mínimamente activas en la defensa de los servicios públicos: la acumulación de déficits en los servicios educativos, sanitarios o asistenciales, están agravando los problemas de los más débiles. De todo ello se deduce una ausencia de aliento estratégico, una renuncia a contemplar la ciudad como una realidad compleja que requiere de impulsos precisos, y, sobre todo, de una ciudad con un modelo, dirigido desde las instituciones democráticas, que nos sitúe en mejores condiciones para la salida de la crisis.
Por lo tanto, la PIC celebra que en Alicante vuelva a haber algo digno de llamarse “gobierno”, pero advierte sobre la necesidad de analizar los aspectos concretos de tal gobierno, cuyas decisiones no llegan a algunas partes esenciales de la vida local, singularmente a la evolución económica y al urbanismo más significativo. No conviene deslumbrarse ante los fulgores de lo aparencial cuando tanto ciudadano lo está pasando mal y no encuentra esperanza que no vaya acompasada por algún tipo de manipulación. Quizá algunos crean que con festejos y promesas vacuas la ciudad puede recuperar el optimismo. Si así fuera, Alicante sería una ciudad que está regresando, con optimismo, al pasado, en todo lo fundamental: sus mecanismos de generación de riqueza, su modelo de (des)estructura urbanística y sus señas de identidad. Eso es lo que se oculta bajo el capcioso concepto de “progreso” que se está propagando. Y además es imposible.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

EL TSJ HA ADMITIDO A TRAMITE EL RECURSO DE LA PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS CONTRA EL PLAN RABASSA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) contra la resolución de la Generalitat por la que se aprueba definitivamente el plan parcial del sector Las Lagunas de Rabassa.
Así lo anunció ayer la plataforma, que señaló que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dio luz verde al plan el 5 de mayo en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 16 de junio.
En los próximos meses, la plataforma preparará la demanda contra «la aprobación definitiva del polémico plan parcial de las Lagunas de Rabassa», una actuación que, según la entidad, «puede representar el urbanismo depredador condenado por el Parlamento Europeo».
«La decisión del TSJCV de reconocer como personados a diferentes representantes de la plataforma en nombre de esta entidad abre el camino jurídico a la participación y actuación en cualquier aspecto del expediente del Plan Parcial de las Lagunas de Rabassa», según las mismas fuentes. La PIC de Alicante habrá de presentar la demanda en los próximos dos meses, una vez el expediente administrativo sea completado.
Esa demanda se basará en diferentes cuestiones jurídicas, tanto de fondo como de forma, dicen las citadas fuentes.
El plan parcial de Rabassa, como ha denunciado reiteradamente la PIC, «produciría un desequilibrio territorial de consecuencias claramente negativas para la urbe

viernes, 11 de septiembre de 2009

LA PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS CONSIDERA ESCANDALOSO EL TRASLADO DEL RICO PÉREZ AL PLAN RABASSA

LA PIC VE INDIGNA DE UNA AUTORIDAD DEMOCRÁTICA LA ACTITUD SERVIL DE LA ALCALDESA

Ante las noticias publicadas acerca de la ubicación del Rico Pérez en los terrenos del Plan Rabassa, en relación con ajustes en el programa de instalación de centros comerciales, la PIC considera:

1.- Es indigno e impropio de una autoridad democrática que la Alcaldesa aluda a “exigir” a E. Ortiz que no instale un centro comercial en los terrenos adyacentes del Rico Pérez. En este momento está redactándose el PGOU y el PP ya preparó un traje a la medida de los intereses de “Aligestión” –empresa instrumental para este negocio de los máximos accionistas del Hércules-, según reconoció en su día el propio Ortiz; basta, pues, con que la mayoría municipal cambie el proyecto para que no se hagan en la zona centros comerciales. Y ello sin necesidad de recordar la burla de haber convocado concurso de diseño, encargar proyectos de arquitectos… En realidad, la “exigencia” trata de ocultar una negociación en la que el empresario tiene todas las posibilidades de imponer su criterio a los intereses generales de la ciudad. La realidad es que no es necesario ningún centro comercial más, ni en los terrenos del Plan Rabassa ni en el Tossal, con independencia de la instalación de Ikea.

2.- Lo que la Alcaldesa debería hacer es denunciar es el flagrante incumplimiento de las cláusulas de venta del Rico Pérez, tan beneficiosas para “Aligestión”. En ellas se estipulaba –hace dos años y medio- la reparación inmediata del estadio: no se ha movido ni una piedra. Por lo tanto cualquier otra consideración está bajo sospecha. Así, caben las siguientes preguntas: ¿regalará “Aligestión” a la ciudad el actual estadio o deberá pagarlo el Ayuntamiento?, ¿con qué fondos se haría, en su caso, ese pago?, ¿con cuáles se restauraría?, ¿para qué querría Alicante dos grandes estadios?, ¿no es plausible imaginar un horizonte en el que se abandonara, sencillamente, el estadio y una vez se constatara su imposible mantenimiento se demoliera, permitiendo que el negocio sea redondo, existiendo fondos suficientes para erigir el nuevo estadio con el señuelo de la necesidad de que Alicante cuente con un campo digno? En todo caso lo anunciado desdice las promesas públicas de E. Ortiz, cuando advirtió de que la maniobra no tenía un trasfondo inmobiliario. En aquel momento la PIC advirtió del carácter necesariamente especulativo del proceso: hoy la realidad pone a cada cuál en su sitio. Que la Alcaldesa pretenda ignorar todo esto es patético.

3.- La PIC lleva años advirtiendo que el negocio del Plan Rabassa no estaba en la construcción de viviendas, y más en las actuales circunstancias económicas, sino en el control estratégico del suelo. Lamentablemente las noticias sobre Ikea, un posible centro comercial y este nuevo estadio nos dan la razón. Es evidente que si Ortiz consigue permutar suelo del Plan –cuyo valor mengua con la crisis económica- por suelo en el centro urbano, revalorizable antes cuando mejore la situación, ya habrá hecho un gran negocio –siempre en nombre del venerable nombre del Hércules-. E, incluso, no es descartable que nos encontremos ante un movimiento-puente, que le permita el control de suelo en el Tossal mientras que el estadio finalmente acabe en la zona de Fontcalent. En todo caso nos negamos a admitir que nos encontramos ante una situación que afecta al “deporte alicantino”: así, humillando a Alicante, no se defiende al Hércules ni a ninguna seña de identidad. No hablamos de deporte: hablamos de la médula misma de la democracia y del urbanismo local.

4.- Lo que es evidente es que ni las zonas comerciales ni un nuevo estadio –con lo que supone de viales, aparcamientos, etc.- están en el diseño del Plan Rabassa aprobado por la Consellería. De ello se extraen dos conclusiones: 1) La publicidad que se difundió apabullantemente hace unos meses no reflejaba la realidad y a día de hoy ignoramos absolutamente el número de viviendas que, indudablemente, se habrá reducido: en esto queda la promesa de atender a esta necesidad social. 2) Las diferencias entre lo aprobado y lo que cada semana se anuncia como mágica innovación es tan enorme que incrementa exponencialmente las posibilidades de que el Plan, en su conjunto, sea declarado ilegal: empresarios, Cajas de Ahorro y el Ayuntamiento están jugando con fuego, con tal niveles de imprudencia que, de nuevo, causa escándalo su prepotencia y ausencia de interés por los intereses colectivos.

miércoles, 19 de agosto de 2009


El Consell rechaza el recurso de la PIC contra el plan Rabasa
La Conselleria de Urbanismo no admite a trámite la impugnación de la Plataforma Ciudadana y desestima paralizar su ejecución


Enrique Ortiz, promotor del plan Rabasa, ante un plano de esta actuación PILAR CORTÉS
MANUEL DOPAZO El recurso de reposición interpuesto por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) contra el plan parcial de Rabasa ha sido rechazado por la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo mediante una resolución en la que decide no admitirlo a trámite y desestimar la petición de suspender la tramitación del proyecto.
La PIC dispone ahora de dos meses de plazo para impugnar el plan Rabasa ante los tribunales mediante recurso contencioso-administrativo.La respuesta negativa de la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo, en una de las últimas decisiones de José Ramón García Antón, estaba cantada, aunque llama la atención que finalmente haya optado por no admitirlo a trámite. Tal decisión se fundamenta, según la resolución de la Conselleria, en que el recurso de la PIC, suscrito por Mario Serra Núñez de Cela, no centra la impugnación en un acto administrativo, sino en una disposición administrativa de carácter general, lo que, según la Conselleria, resulta inadmisible.
En defensa de este argumento, la resolución de la Conselleria señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce desde 1968 que "contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa". Por tanto, la decisión de la PIC, según Medio Ambiente, de impugnar una norma de carácter general y no aspectos concretos del Plan Rabasa, sólo puede llevarse a cabo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, añade la Conselleria.Junto a este argumento, que es el fundamental en el que se ampara la inadmisión del recurso, la Conselleria también añade otro relacionado con los plazos.
Así, en su respuesta recalca que "para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente", y aclara que "en este sentido se debe resaltar que en la fecha de presentación del recurso, el 2 de junio de 2009, el Plan Rabasa todavía no había sido objeto de publicación, motivo por el cual carecía de eficacia jurídica". Hay que recordar al respecto que la aprobación del Plan Rabasa por la Generalitat se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 16 de junio, por lo que el recurso de la PIC debió retrasarse hasta esta fecha.Con estos dos argumentos, la Generalitat resuelve no admitir a trámite el recurso de la PIC y desestimar su petición de que se proceda a la suspensión de la "ejecutividad" de dicho plan.La PIC dispone ahora de dos meses para recurrir por al vía contenciosa contra este polémico plan, promovido por Enrique Ortiz a través de la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, que incluye la construcción de más de 13.000 viviendas, de las que 9.0000 serán VPO, así como la implantación de Ikea en Alicante.

viernes, 19 de junio de 2009

PLAN SANGUETA:” RETALES, PRISAS Y FICCIONES”





La PIC insiste en el peligro y desorden del PRI aprobado por el ayuntamiento por la via de urgencia.

La Plataforma de Iniciativas ciudadanas lamenta , una vez más, la ausencia de rigor y criterio urbanísticos, además de una irritante improvisación con las que el ayuntamiento de Alicante ha dado via libre hoy, viernes, a la exposición pública del Plan de Reforma Interior de Sangueta donde ha de construirse el que , esperamos, sea el Palacio de Congresos de la ciudad.

En este caso, la decisión ha sido aprobada con los votos a favor del grupo municipal socialista en el curso de una comisión y un pleno convocados y celebrados con prisas para ofrecer una ficción de actividad frenética que se oficializará el próximo lunes ante el President de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. El jefe del gobierno valenciano recibirá la cesión de suelo para acometer las obras del Palacio de Congresos como obra pública de la Generalitat. Previamente, hoy, dos convenios aprobados incluyen , a su vez, la cesión de ese terreno del Puerto al Ayuntamiento y de éste a la Sociedad Proyectos Temàticos del consell .Ello peemite iniciar con mayor agilidad las obras del centro de congresos. Todo un ejemplo de orfebrería de gestión “a la carrera”.

Los acuerdos aprobados hoy son producto de la política de retales, de actuaciones deshilvanadas en medio de un caos urbanístico que, si nada ni nadie lo remedia, consagrará la pérdida de identidad emblemática del Palacio de Congresos en medio de un ataque al Plan Especial del Entorno del Castillo, que incluye parte de los terrenos en el nivel de Protección 3 y el Hito de la Serra Grossa , así como a la calidad paisajística de la línea de costa. Esta circunstancia ya fue denunciada en el pasado mes de diciembre por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas.

El colectivo ciudadano, a la vista de lo aprobado por el pleno de la corporación municipal, se reafirma (como ya lo dijo públicamente en marzo) en que el PRI de Sangueta consagra una edificabilidad excesiva con el único objeto de financiar perversamente el Palacio . Así, los terrenos acogerán, pues, siete edificios con 630 viviendas, tres hoteles, una plaza pública, un aparcamiento subterráneo, zonas verdes y deportivas. En resumen, el ayuntamiento consagra , con la aquiescencia del gobierno valenciano, que el Palacio se hará con cargo a la autofinanciación por la venta de los pisos de las torres. Más de lo mismo en una ciudad donde, como un bucle, se repite el ciclo de la filosofía económica “del ladrillo”, cuestionada más que nunca en la actualidad.

Alicante, 19 de junio 2009
PMC
Prensa Plataforma de Iniciativas Ciudadanas
De Alicante


lunes, 15 de junio de 2009

Decálogo del Plan Rabassa


El proyecto de los promotores se presenta con los alicientes del lugar y ocasión privilegiados: lugar de dicha en una vida cotidiana milagrosa y maravillosamente transformada", Henri Lefebvre, en "El Derecho a la Ciudad".


El proyecto de los promotores se presenta con los alicientes del lugar y ocasión privilegiados: lugar de dicha en una vida cotidiana milagrosa y maravillosamente transformada", Henri Lefebvre, en "El Derecho a la Ciudad".El largo proceso de tramitación de este plan residencial acaba de terminar con la firma del conseller García Antón. Aunque tengo la impresión, por ciertos signos de cambio que parecen percibirse en la política urbanística de la Generalitat, que lo ha refrendado sin gran entusiasmo. En cualquier caso, la aprobación definitiva de la gigantesca operación inmobiliaria sobre casi cuatro millones de metros cuadrados y de trece mil quinientas viviendas, resta credibilidad a un hipotético cambio de rumbo de esa política urbanística y territorial . ¿Qué se puede decir del Plan Rabassa que no se haya dicho ya?


El 2 de mayo del 2004, cuando se iniciaba la tramitación del polémico plan, INFORMACION publicó mi primer artículo crítico sobre la operación inmobiliaria de mayor magnitud en la historia de la ciudad. Desde entonces, y a lo largo de estos últimos cinco años, se han publicado siete u ocho textos más en los que de una manera directa o indirecta he pretendido transmitir a los ciudadanos los argumentos por los que sostengo que este plan no es positivo para la ciudad y no supone ninguna innovación ni avance, ni en el terreno de la política urbana y territorial ni por los contenidos disciplinares propios de la urbanística, de la ordenación del territorio y de la arquitectura. Este texto está concebido como una síntesis de alguna de las cuestiones más relevantes del Plan Rabassa, así como de otras relacionadas con él desde la perspectiva del tiempo transcurrido.


URBANISMO DEL PROMOTOR

Operaciones residenciales como la de Rabassa constituyen la práctica de lo que llamamos "urbanismo del promotor" (noción que debemos a Henri Lefebvre, filósofo de lo urbano). Las características de este modelo de producción de suelo urbanizable lo podemos resumir en los siguientes aspectos: -Hegemonía de la iniciativa privada en el planeamiento y gestión del suelo ligados a tendencias monopolistas u oligopolistas (hay que recordar que con la aprobación del Plan Rabassa, su promotor, que lo es también de su vecino PAU 1, sólo en esa zona de la ciudad gestiona del orden de cinco millones de metros cuadrados de suelo urbanizable). -Un modelo en el que se impone el concepto de venta del territorio sobre su gestión pública. -Un planeamiento desregulado, en la medida que operaciones como la de Rabassa se desarrollan sobre suelo no urbanizable al margen del planeamiento general de los municipios.-Una práctica profesional rutinaria desde el planeamiento a las tipologías arquitectónicas residenciales. -Un modelo insostenible ambientalmente, tanto por el emplazamiento territorial de las grandes piezas residenciales como por las características internas de las mismas. -El urbanismo del promotor no sólo vende viviendas, también vende un imaginario de ciudad ideal que abarca desde el modo de vida al paisaje.-Esta modalidad del urbanismo se funda en la emergencia de un nuevo tipo de promotor que extiende su actividad, más allá de la promoción y construcción de viviendas, a otros sectores de servicios y equipamiento urbano, desde aparcamientos a gestión de residuos, cuyos efectos a largo plazo en la vida social y política de las ciudades pueden ser imprevisibles.


TERRITORIO

El Plan Rabassa no contribuye al fortalecimiento del territorio metropolitano de Alicante-Elche, ya que ignora y desaprovecha las condiciones de centralidad de su emplazamiento, inducidas por la accesibilidad privilegiada, así como la proximidad a potentes actividades metropolitanas como la Universidad y el futuro Parque Científico. En este sentido, una alternativa de terciario avanzado junto a otras actividades emergentes para ese sector hubiera contribuido a recalificar un proyecto más coherente con el de periferia metropolitana contemporánea. Pero al optar por un uso residencial dominante para el sector, repite el modelo tradicional de los crecimientos de periferia de las ciudades de los sesenta del siglo pasado, aunque las viviendas tengan mayor calidad que aquellas. Por eso, entre otras cosas, el Plan Rabassa no es una ciudad, es un "polígono".


SOSTENIBILIDAD

La repetición banal de las ideas termina por vaciarlas de significado. Es lo que está ocurriendo con la noción de "sostenibilidad". Las declaraciones de la secretaria autonómica de Territorio, a mediados del 2007, según las cuales el Plan Rabassa no sólo no ofrecía las más mínima duda sobre su rigor y calidad ambiental, sino que es un "ejemplo de urbanismo ambiental y sostenible" (sic) todavía causa perplejidad. En primer lugar, por lo rotundo de la afirmación, y, en segundo lugar, porque sus declaraciones estaban fundadas en la cuestión de la protección de las lagunas de la zona comprendida en el proyecto, que, en mi opinión, no es el problema ambiental relevante de este gran sector residencial. Las declaraciones de este cargo de la Administración Autonómica denota el estrecho, y poco riguroso, concepto de medio ambiente y de sostenibilidad que se ha manejado durante la tramitación del Plan Rabassa. ¿Dónde quedan las cuestiones sobre consumo de recursos, desde el suelo al agua; las derivadas de incremento de la demanda de movilidad privada, efectos sobre la cohesión social, etc.? ¿Y qué hay de la inexistencia de propuestas innovadoras con relación a la eficacia energética y de recursos en las viviendas previstas? Respuestas a estas preguntas es lo que cualifica a los mejores sectores residenciales que se proyectan y construyen en otras ciudades españolas y europeas.


CULTURA URBANA

Si entendemos por cultura urbana el conjunto de ideas, valores, sensibilidades, representaciones, etc. que identifican una manera de mirar y habitar la ciudad y el territorio como paisaje construido, no parece que esa cultura sea muy vigorosa en Alicante. El necesario debate y reflexión crítica sobre las cuestiones acuciantes que han planteado desde los intensos y alarmantes procesos de crecimiento y ocupación de suelo como Rabassa no se ha producido, ni auspiciado por el Ayuntamiento ni por sectores profesionales. Es sorprendente que ningún representante del Ayuntamiento con responsabilidad en la tramitación de este plan, ni políticos ni técnicos, haya tenido el más mínimo interés en explicar la mayor operación urbanística de la historia de Alicante, salvo las consabidas razones de que hacen falta VPO y de que el sector propuesto tiene mucha zona verde.En mi opinión, los colectivos profesionales más implicados, arquitectos e ingenieros, han tenido una actitud que oscila entre la tibieza y el silencio. Entre otras razones, lo que ha ocurrido refleja una concepción del urbanismo como un conjunto de saberes jurídicos y técnico-ingenieriles, pretendidamente neutrales, dirigidos, en esencia, a preparar el suelo para la producción inmobiliaria. Es un urbanismo que reproduce, sin cuestionarlo, el modelo espacial y social, urbano y territorial, impuesto por el mercado, quedando relegado a una herramienta que se desentiende de los fines y efectos que pueden producir en el territorio urbano operaciones como Rabassa, erigiéndose en un instrumento legitimador de la razón del mercado.


TRANSPORTE

En las dos exposiciones públicas del Plan Rabassa el documento no contenía ninguna cuantificación ni previsión sobre la movilidad inducida en el sector residencial ni sobre los efectos que produciría en el sistema viario de la ciudad. Parece que algún documento de esta clase se ha ido añadiendo más tarde, aunque estamos demasiado acostumbrados a que estos estudios sectoriales de los planes sean un simple expediente a cumplimentar, a pesar de la entidad que tienen para justificar la elección de un modelo de crecimiento.Con un volumen de población entre 35.000 y 40.000 habitantes y unos índices de movilidad en la ciudad por persona y día de entre 1,5 y 2 (según la última encuesta de que se dispone), se puede pronosticar un volumen muy importante de desplazamientos que se generaran cotidianamente en el sector Rabassa. La práctica inexistencia de oferta de empleos en el nuevo sector no colaborará en la disminución de los flujos cotidianos de viajes al trabajo. Es cierto que hay previstos potentes viarios nuevos que darán servicio al nuevo sector residencial, pero resolver el problema de la congestión de tráfico aumentando la capacidad del sistema viario para coches cumple ese papel a corto plazo, pero a largo plazo lo agrava. En la segunda exposición pública del proyecto de Rabassa se introdujeron precipitadamente unas rayitas de color con una leyenda que aseguraba que aquello era la línea tranviaria del sector, pero en realidad se trataba de algo para cubrir el expediente. Puede, y será necesario, conectar el sector internamente y con la ciudad a través del tranvía si se quiere reducir los costes indirectos generados por le tráfico privado. ¿Qué ocurre cuando no se planifica conjuntamente un plan urbano con la red de transporte que debe servirle?, sucede lo que ha pasado con el tranvía que se esta implantando en el resto de la ciudad: en ocasiones, se ha tenido que insertar de un modo forzado en el tejido urbano a costa de recortar espacio público peatonal o verde, perdiendo su capacidad de captar demanda, o dicho de otro modo, de no dar un servicio óptimo. Y todo ello porque cuando se redactó el Plan General del 79, el que ahora se revisa, ni a técnicos ni a políticos se les ocurrió que el tranvía moderno estaba a la vuelta de la esquina, como algunos, infructuosamente, les advertimos. Si entonces se hubiera previsto, hubiera pasado lo que en los mejores proyectos tranviarios europeos en los que la línea del tranvía aparece como una pieza estratégica en los planes de urbanismo, convirtiéndose en un elemento articulador que ordena y da forma a la parte de la ciudad que atraviesa, y no como ocurre en Alicante, donde la red no tiene esa función sino la de conexión entre puntos.


URBANIDAD

Las condiciones de la urbanidad de un sector residencial como Rabassa se cumplen cuando hay una adecuación entre forma social y forma física construida: cuando el espacio público se erige en el protagonista, haciendo posible el intercambio y el encuentro; cuando la forma y la arquitectura lo hacen reconocible; cuando una cuidada mezcla de usos y actividades favorecen la diversidad y la amenidad; en fin, cuando los ciudadanos se sienten participes de su barrio y ciudad. En mi opinión el Plan Rabassa no se funda en estas condiciones para hacer ciudad. El resultado de este plan, si finalmente se construye, conformará un paisaje muy similar al que está emergiendo en el PAU 1, pero cuatro veces mayor: un archipiélago desarticulado en el que dominan las manzanas cerradas (las "urbas") que suelen dar la espalda a la calle, que queda relegada a una función de viario de circulación, mientras que las condiciones de homogeneidad, tanto de las tipologías arquitectónicas como de los usos, casi exclusivamente residenciales, difícilmente contribuirán a crear un espacio urbano diverso, ameno o atractivo. En resumen, el espacio proyectado para Rabassa producirá un "no-lugar", en el sentido que lo ha definido Marc Augé como lugares sin identidad ni memoria. Rabassa será un lugar sin memoria no porque sea nuevo, sino porque la memoria la encontramos en los lugares que se construyen y reconstruyen con el tiempo y no en esta enorme área residencial proyectada en su totalidad hasta en sus mínimos detalles.


PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Durante el dilatado proceso de tramitación del Plan Rabassa no se ha impulsado desde el Ayuntamiento ninguna actividad de información ni de participación, en realidad es lo que viene sucediendo con otros proyectos de la ciudad, salvo las derivadas del estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación. A pesar de que, como he señalado en otro punto de este decálogo, encuentro a faltar una mayor implicación en el debate sobre el Plan Rabassa de algunos sectores de la ciudad, por otro lado, se ha producido una de las más intensas movilizaciones ciudadanas de los últimos tiempos en torno a la Plataforma contra el Plan Rabassa (ahora denominada Plataforma de Iniciativas Ciudadanas). Es cierto que también han existido otros movimientos ciudadanos en la ciudad, recordemos a la plataforma por el soterramiento, así como la del puerto, pero mientras estas planteaban reivindicaciones o críticas a problemas urbanos concretos vinculados a sus barrios, lo novedoso de la Plataforma contra Rabassa fue, y sigue siendo, la de posicionarse por una nueva manera de pensar, planear y gestionar la ciudad, alejada de esa otra manera de hacer urbanismo representada por el Plan Rabassa. A movilizaciones ciudadanas como las que han tenido lugar en torno a este plan, el Ayuntamiento no les ha dado la más mínima oportunidad de debate. Para ellos puede ser una buena táctica, ya que el tiempo juega a su favor, pues son movilizaciones que llevan adelante ciudadanos que emplean su tiempo desinteresadamente y la ausencia de diálogo por parte municipal puede terminar por ahogarlas. Aunque, en el caso de Rabassa, no ha sido así. Con esa actitud cerrada ante la participación pública espontánea, el Gobierno Municipal despilfarra un capital social con el que otros buenos políticos locales quisieran contar, además de constituir un desprecio hacia unos ciudadanos que, como decía, han empleado muchas horas en pensar y actuar buscando la posibilidad de cambiar o mejorar esta ciudad. Lo primero que debía de saber un buen político local es que una ciudad avanza cuando se asumen y se gestionan los conflictos y no buscando el camino más fácil, rodeándolos.


COHESIÓN SOCIAL

La cohesión social es una cualidad del espacio humano de una ciudad que tiene su reflejo en el espacio construido. Una ciudad cohesionada, urbana y socialmente, es aquella que ha superado las desigualdades, integrando las diferencias de raza y renta a lo largo y ancho de su territorio. Equilibrio social y espacial es lo que resume la cohesión social en una ciudad. Una aproximación al diagnóstico de la cohesión social en Alicante muestra debilidades importantes.A escala del territorio urbano, la ausencia de una política vigorosa, urbana y de vivienda, en barrios y otras zonas del tejido continuo de la ciudad, se ha traducido en una baja calidad del espacio público, los equipamientos o el parque de viviendas, lo que unido al intenso estímulo hacia el crecimiento periférico del parque de viviendas ha contribuido a un vaciamiento de estos barrios de la ciudad interior en donde permanecen los ciudadanos de rentas más bajas e inmigrantes. El Plan Rabassa puede contribuir a acelerar este proceso. En segundo lugar, la necesidad de una mezcla social equilibrada para asegurar la cohesión social en la escala del barrio no parece que se haya buscado en la operación de Rabassa, donde el 60% del total de viviendas (8.047) serán VPO. Una buena política de cohesión social debería haber distribuido el parque de este tipo de viviendas por toda la ciudad; sin embargo, es sabido que durante los mejores años de crecimiento inmobiliario en Alicante, apenas se han construido VPO .


PLAN GENERAL

Uno de los argumentos críticos que con más insistencia se han escuchado acerca del Plan Rabassa es el relacionado con que no estuviese contenido en el planeamiento general del municipio.La exigencia de esa inserción en el planeamiento general de una operación de la magnitud de Rabassa es debida a que un marco territorial amplio es el adecuado para evaluar su impacto y grado de coherencia con el modelo territorial proyectado. En ese sentido, el Plan General debía de dar respuestas a cuestiones derivadas de los efectos de la inclusión de esta gran urbanización, entre otras, de la idoneidad de su emplazamiento, justificación de la demanda residencial y proyecciones de suelo adicionales y efectos ambientales de todo tipo. Sin embargo, el planeamiento general, actualmente en tramitación, ha pasado "de puntillas" por esta operación inmobiliaria y la única justificación que se da para su incorporación al mismo es de índole jurídica. Es un buen ejemplo de cómo en el discurso profesional relativo a la planificación urbana los instrumentos jurídicos se imponen sobre otras consideraciones relativas a lo que llamamos habitar la ciudad y el territorio, algunas de las cuales han sido expuestas en este texto.


ÉTICA

Para cumplimentar este punto, y terminar este decálogo, traigo una cita muy clara de la que es autor Giulio Carlo Argan, crítico de urbanismo y arquitectura y ex-alcalde de Roma: "Es fácil precisar que el desarrollo urbano es moral cuando adviene en el interés y para ventaja de todos los ciudadanos y es inmoral cuando adviene en interés y para ventaja de un grupo o de un individuo y causa daños a los demás".


José Ramón Navarro Vera es catedrático de Urbanística de la Universidad de Alicante.

lunes, 25 de mayo de 2009

Democracia ciudadana

JOSÉ RAMÓN GINER
Democracia ciudadana
Acaban de celebrarse en Alicante las II Jornadas de la Ciudad. El alicantino ha tenido ocasión de asistir, durante quince días, a diversas charlas, exposiciones y debates donde se ha analizado y discutido el pasado y el futuro de Alicante. Este ha sido el tercer año que se celebran las jornadas, que van tomando carta de naturaleza entre nosotros. Hablar de éxito multitudinario para referirnos a ellas sería exagerado; en estos actos, la presencia del público es, como sabemos, limitada. Ahora, es indiscutible que un proyecto que comenzó de manera modesta, ha ido interesando a un mayor número de personas en cada ocasión. Si se pretendía llamar la atención sobre los problemas de Alicante, no hay duda que se ha logrando el objetivo.

De la organización de las jornadas se ocupa la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, la PIC. Esta asociación un tanto peculiar está formada por personas a las que les une una sincera preocupación por la ciudad. ¿No es este el espacio donde discurren cada día nuestras vidas? Sus componentes son simples ciudadanos que pretenden hacerse oír en los asuntos de Alicante. En el surgimiento de la Plataforma han influido diversas circunstancias pero, de modo general, podemos decir que es una consecuencia de la propia evolución de la ciudad. Ha sido el desarrollo de Alicante, y el asentamiento de su universidad, lo que ha favorecido su existencia. No creo exagerar si digo que la aparición de la PIC es uno de los sucesos más relevantes que se han dado en Alicante en los últimos años. Si las cosas siguen por el camino actual, podremos apreciarlo de forma más nítida dentro de un tiempo.

De modo más directo, la Plataforma es consecuencia de la oposición de los alicantinos a que se construyera el palacio de congresos en el monte Benacantil. El empeño del alcalde Díaz Alperi tropezó con un buen número de personas decididas a que no continuara la destrucción de la ciudad. Por una vez, la acción popular logró desbaratar los planes municipales y Díaz hubo de renunciar al proyecto. La contestación al Plan Rabassa -un regalo del Ayuntamiento al constructor Enrique Ortiz- dio nuevos argumentos para la movilización popular. Más allá de estos asuntos concretos, la Plataforma ha tenido otros efectos que quizá habría que considerar de mayor importancia, pues han roto los clichés sobre los que se había edificado la imagen de Alicante. Los hechos han demostrado que el menfotisme, esa expresión que tradicionalmente ha servido para justificar el desinterés y la inhibición del alicantino no es más que una invención de la clase dirigente.

Como es natural, la presencia de la PIC en la vida de Alicante ha levantado recelos. Es lo que acostumbra a ocurrir cuando se rompe una situación establecida y la democracia se convierte en un asunto colectivo. Los partidos políticos han sido los más afectados por la situación, porque han perdido la exclusiva ante la opinión pública. De pronto, se han encontrado con un grupo de ciudadanos que intervenía en un espacio reservado para ellos; sus ideas ya no eran aceptadas sin más, sino que tenían enfrente a quien las discutía, poniéndolas en solfa.
El problema es peculiar porque la PIC, como ha dicho repetidas veces, no pretende sustituir a los partidos, pero hace política. Como el PP se ha visto afectado directamente en las decisiones municipales, ha procurado desacreditar a la Plataforma por cualquier medio; el desconcierto, sin embargo, ha sido mayor en las filas del PSOE, que no ha sabido cómo reaccionar al ver disputado su espacio ideológico

miércoles, 20 de mayo de 2009


ATENCIÓN


!!!COMPLETA LA CENA DE LA PIC!!


lunes, 4 de mayo de 2009

jueves, 30 de abril de 2009






DECLARACIÓN DE LA PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS ANTE EL 1º DE MAYO

1.- La PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS (PIC) apoya la festividad el 1º de mayo, las movilizaciones y reivindicaciones de los sindicatos UGT y CC.OO. y hace una llamada a sus asociados/as y simpatizantes para que participen en la Manifestación y otras acciones que celebren estos sindicatos. Si, siempre, el 1 de mayo es una jornada histórica indispensable para el pensamiento progresista, este año, en mitad de la durísima crisis, adquiere unas características especiales: la defensa del empleo, la generación de políticas solidarias y la lucha contra la exclusión exigen de una movilización dinámica y sostenida en el tiempo que, incluso, rebasa el marco sindical apelando a todo tipo de movimientos y organizaciones sociales.

2.- La PIC considera que este año el 1º de mayo es una buena ocasión para reflexionar sobre el escenario socieconómico tan complejo como el que estamos que afectan de forma muy particular a Alicante y su entorno, en concreto mediante el declive del sector de la construcción y las actividades conexas, con el consiguiente incremento del paro. La PIC considera que una de las causas esenciales de la actual inquietud es la incapacidad del Ayuntamiento de Alicante y del empresariado alicantino para promover una diversificación de la economía alicantina junto a una falta de consolidación de un mercado de trabajo extraordinariamente precario, habiendo fiado casi todo al sector inmobiliario. La PIC reclama medidas enérgicas y urgentes que incidan en:
- Poner en marcha con urgencia medidas de intervención y apoyo a los trabajadores que están viéndose afectados de primera mano por la crisis que vive nuestra economía, con especial énfasis en sectores sociales y laborales más precarios.
-Paliar los efectos de la crisis, con acciones como rehabilitación de viviendas, mejoras en los servicios públicos y consolidación de los barios tradicionales a través de una mejora de sus equipamientos e infraestructuras básicas.
-Acciones concretas y planificadas para la diversificación del tejido económico, promoviendo el pequeño y mediano comercio, que genera mucho empleo, y facilitando suelo para actividades industriales, logísticas y tecnológicas.
-Defender el pequeño comercio.
-Incrementar la relación de la ciudad con la Universidad, generando sinergias tecnológicas y culturales que posibiliten la competitividad y la creación de empleo de calidad.
-Prestar especial atención a políticas solidarias con los inmigrantes.
-Desarrollar programas de empleo relacionados con la actividad agraria en las partidas rurales.
-Desarrollar políticas que traten de mejorar las prestaciones y servicios para los parados y más desfavorecidos: sanidad y educación pública, transporte público, desarrollo de la Ley de Dependencia, etc.

3.- Alicante debe ser consciente de que las crisis, aquí, tiene unas características particulares, derivadas del empecinamiento en unas políticas que El mejor ejemplo del fracaso del modelo urbanístico es que, tras 10 años de beneficios inmensos, el mercado no ha sido capaz de asegurar vivienda asequible para los que auténticamente la necesitaban. Estirar el modelo especulativo, que hace crisis, significa no reconocer la realidad, perseverar en la inmoralidad y agravar los actuales problemas. Por todo ello exige:
-Adecuación del nuevo PGOU a la realidad, rompiendo la inercia de la etapa anterior.
-Renuncia a planes urbanísticos inciertos, en particular el Plan Rabassa.
-Rehabilitación integral de zonas degradadas o en peligro de degradación, singularmente la Zona Norte.
- Puesta en marcha un amplio y ambicioso programa de viviendas baratas en alquiler para sectores vulnerables, sacando al mercado el enorme parque de viviendas deshabitadas que tiene esta ciudad.

4.- La PIC invita a los sindicatos a profundizar en sus reflexiones sobre la ciudad de los trabajadores/as, según sus necesidades, usos del tiempo, etc. Igualmente les invita a considerar las ideas aquí contenidas como una propuesta para ahondar en un diálogo social, sobre bases progresistas, en defensa de un Alicante más cohesionado. Les invita, asimismo, a pensar en acciones de observación, seguimiento y búsqueda de alternativas a la crisis en convergencia con otros movimientos sociales. Finalmente, les pide que incluyan alusiones a estas cuestiones en sus declaraciones públicas, porque, para la PIC, la reivindicación de los derechos de los trabajadores/as en la sociedad compleja actual, no puede separarse de un “Derecho a la Ciudad”, que dando preferencia a los intereses públicos sobre los intereses particulares, busque un entorno urbano igualitario.