miércoles, 30 de septiembre de 2009

Una ciudad que intenta regresar al pasado



UNA CIUDAD QUE INTENTA REGRESAR AL PASADO

Desde hace varios años la PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS abre el Curso con la elaboración de un documento, necesariamente breve y sintético, en el que se analiza la evolución de la vida política, social y económica en Alicante. He aquí el correspondiente al Curso 2008-2009.

El dato principal de la realidad social de Alicante es su inmersión plena en la crisis económica. A finales de agosto había en la ciudad 29.535 parados, diez mil más que hace un año. Eso significa que nos acercamos a un 20% de desempleados. La situación es humanamente angustiosa y tendrá efectos diferidos de gran importancia: la caída en la tasa de empleo implica otros fenómenos como la reducción del flujo de inmigrantes, que supondrá el estancamiento demográfico, o el cierre de pequeños y medianos comercios en lo que no es un mero ajuste en el mercado, sino que supondrá quiebras importantes en las redes de equilibrios en muchos barrios. Prácticamente, sin embargo, el Ayuntamiento no ha planteado ninguna política activa frente a la crisis, la Alcaldesa ha manifestado que poco puede hacer y ha reducido la cuestión a la atención por los servicios sociales de los casos más sangrantes. Pero eso es falaz. La experiencia demuestra que se pueden adoptar medidas importantes de concertación social, como Pactos Locales por el Empleo, que exploren nuevas vías y que transmitan confianza. Pero aquí ni siquiera se reúne desde hace años el Consejo Económico y Social, que no se ha adaptado a la Ley de Grandes Ciudades.
Pero lo más grave es que la ciudad no está haciendo una reflexión esencial: en Alicante, probablemente, la crisis y el desempleo masivo serán más duraderos por el fuerte peso del sector de la construcción. Y una recuperación del mismo requerirá de la reducción del paro -imprescindible para que crezca la confianza que lleva a la compra de viviendas-, de la facilidad para obtener préstamos, de crecimiento demográfico sostenido y de la venta previa del stock de casas: en Alicante todos esos elementos son negativos, por lo que nos encontramos en mitad de un círculo vicioso. Por otro lado, la salida de la crisis será una ocasión de despegue para algunos territorios, mientras que en otros, sin embargo, las condiciones para el crecimiento no serán tan positivas como antes de la crisis. Aquí podemos encontrarnos ante esta última realidad por la ausencia de mecanismos de concertación y por la ausencia de instrumentos institucionales de intervención. En efecto: para el PP la superación de la crisis, aquí, pasa estrictamente por la continuación de los negocios dominantes antes de su inicio, y con su misma forma, y ese es el escenario que se está provocando con diversas medidas urbanísticas y sociales. Por lo tanto, la gestión de la crisis está siendo profundamente insolidaria –atiende más a los intereses a largo plazo de algunos poderes fácticos que a los intereses generales- e irracional –se basa en percepciones del pasado, en lugar de atender al diseño del futuro-. Por lo demás no hay intento de traslación al ámbito local de los diversos planes estratégicos presentados últimamente. El proyecto de PGOU, en fin, no tiene ni memoria económica y parte de unas proyecciones demográficas que, probablemente, ya han quedado obsoletas. Y todo ello para volver a justificar la construcción inmoderada de vivienda.
Se está, pues, olvidando que el “año de Sonia Castedo” es, sobre todo, el año de la crisis, el año en que no se han adoptado decisiones estratégicas para diversificar la economía alicantina y generar confianza y solidaridad. Sin embargo eso no significa que no haya habido un cambio en el estilo de actuación política que ya preveíamos el año pasado –cambio en el estilo, permanencia en las políticas de fondo-. La nueva Alcaldesa se ha encontrado con un horizonte político muy favorable: no desgastada por ningún procedimiento electoral, con una ciudad fatigada de la inoperancia y prepotencia de su predecesor y con una débil oposición. Por ello, su llegada ha significado que lo que fue por años mera inercia institucional se transforme en gobierno efectivo, algo, por lo demás, que interesaba a algunos poderes económicos en épocas de crisis. Hay que reconocer también el dinamismo de Castedo en determinados ámbitos que, entre otras cosas, ha permitido generar corrientes de proximidad con ciertos sectores sociales y constituir un nuevo eje político en el PP en el Ayuntamiento y, con todo ello, seguir desbordando a una oposición que sigue confundiendo su tarea con la protesta esporádica.
Castedo, por lo demás, ha dirigido su maquinaria de imagen hacia posiciones populistas, de rentabilidad inmediata en términos de reconocimiento e imagen y, sobre todo, para hacer olvidar que lleva muchos años en el Ayuntamiento, que su firma acompaña a la de Alperi en multitud de tremendas decisiones urbanísticas. La efervescencia de su gestión ha permitido disimular con cierta eficacia la ausencia de impulsos de auténtico cambio. Así, las grandes intenciones se ven resueltas con medidas epidérmicas y coyunturales; los grandes gestos reivindicativos ante el Gobierno del Estado se vuelven en muecas de sumisión ante el Consell de la Generalitat Valenciana –cuyo apoyo sería mucho más importante en materias esenciales-; su pregonada necesidad de “querer a Alicante” se resbala por lo circunstancial, sin más sustancia que la que pueda esperarse de pregones festivos. Y, sobre todo, es incapaz de imaginar la ciudad en términos distintos de los recibidos.
El PGOU podría haber sido su mayor aportación en estos meses. Aparte de intentar hacer olvidar su responsabilidad personal en el retraso del mismo, se esforzó en dar la impresión de impulsar un debate ciudadano participativo. Pronto vimos que no era así: cambió ese auténtico debate, que debía basarse en información real y suficiente, por presentaciones publicitarias. En todo caso, superado ese periodo de protagonismo, el PGOU ha quedado reducido a un viaje de la nada a la nada: es el documento interminable en el que se dice que la ciudad está condenada al único camino del crecimiento inmoderado y sujeto –ya veremos hasta cuando- a las modificaciones impulsadas por los principales poderes fácticos. Nunca se usó tanto papel para decir que todo seguirá políticamente igual.
La mejor muestra de ello es que el Plan Rabassa figura en el PGOU como “en ejecución”, lo que es manifiestamente falso. Pero, realidad abrupta y metáfora de una época, finalmente la Generalitat ha aprobado el Plan Rabassa, medida que vino precedida de un bombardeo publicitario sobre las bondades del mismo, desconocido hasta ahora, que indica cierta ansiedad. Durante años la PIC ha venido afirmando que el negocio del Plan no era la vivienda sino la gestión especulativa del suelo, pero nunca imaginamos que veríamos tan pronto confirmadas nuestras sospechas. Las prisas por la aprobación definitiva impidieron que se incluyera el recorte de 300.000 metros cuadrados, en zonas verdes, necesarias como reserva de suelo ferroviario. Pero pronto entendimos las prisas: el Plan Rabassa es el gran atractor de todos los grandes golpes de mano económicos que se están gestando en los sombras de los despachos que deciden lo que ha de decidir el Ayuntamiento. El anuncio de la instalación de IKEA sería positivo si no fuera porque lleva aparejado el de otro centro comercial… y porque puede encontrarse con la declaración de ilegalidad de la actuación urbanística, entre otras cosas porque para estas innovaciones no existe adjudicación municipal ni autonómica. De la misma manera, las recientes y contradictorias noticias sobre el traslado al Plan Rabassa de Estadio del Hércules ponen de relieve las fabulosas maniobras especulativas que se están gestando. En todo caso conviene recordar que el PGOU ya cambió el diseño de la zona para favorecer a la empresa que ha fagocitado el prestigio del Hércules, que urdió un plan de legitimación con el concurso de brillantes proyectos arquitectónicos. Por lo demás no sabemos, a día de hoy, si tal empresa ha pagado el precio acordado por la compra del Rico Pérez ni porqué el Ayuntamiento no le ha reclamado el incumplimiento de contrato que supone no haber remozado el estadio herculano.
Finalmente la incompetencia de unos y de otros está haciendo que obras esperadas es la ciudad como el Centro de Congresos, la entrada sur, la evolución del Puerto, la reforma de la zona de la Estación de Autobuses, la torre de comunicaciones, la reforma integral de la Zona Norte o la estación intermodal, se eternicen o vayan dibujándose como auténticas chapuzas. A ello se suma, cada vez con mayor dramatismo, la crisis de la financiación de grandes proyectos basada prioritaria o exclusivamente en la extracción de plusvalías. Entre lo positivo parece que se va a acelerar la puesta en funcionamiento de la Casa del Mediterráneo, la remoción del Castillo de Santa Bárbara y de Tabacalera y algunas actuaciones del TRAM –que ahora quieren empañarse con la privatización de la gestión-. Tampoco las autoridades municipales se han mostrado mínimamente activas en la defensa de los servicios públicos: la acumulación de déficits en los servicios educativos, sanitarios o asistenciales, están agravando los problemas de los más débiles. De todo ello se deduce una ausencia de aliento estratégico, una renuncia a contemplar la ciudad como una realidad compleja que requiere de impulsos precisos, y, sobre todo, de una ciudad con un modelo, dirigido desde las instituciones democráticas, que nos sitúe en mejores condiciones para la salida de la crisis.
Por lo tanto, la PIC celebra que en Alicante vuelva a haber algo digno de llamarse “gobierno”, pero advierte sobre la necesidad de analizar los aspectos concretos de tal gobierno, cuyas decisiones no llegan a algunas partes esenciales de la vida local, singularmente a la evolución económica y al urbanismo más significativo. No conviene deslumbrarse ante los fulgores de lo aparencial cuando tanto ciudadano lo está pasando mal y no encuentra esperanza que no vaya acompasada por algún tipo de manipulación. Quizá algunos crean que con festejos y promesas vacuas la ciudad puede recuperar el optimismo. Si así fuera, Alicante sería una ciudad que está regresando, con optimismo, al pasado, en todo lo fundamental: sus mecanismos de generación de riqueza, su modelo de (des)estructura urbanística y sus señas de identidad. Eso es lo que se oculta bajo el capcioso concepto de “progreso” que se está propagando. Y además es imposible.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

EL TSJ HA ADMITIDO A TRAMITE EL RECURSO DE LA PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS CONTRA EL PLAN RABASSA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) contra la resolución de la Generalitat por la que se aprueba definitivamente el plan parcial del sector Las Lagunas de Rabassa.
Así lo anunció ayer la plataforma, que señaló que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dio luz verde al plan el 5 de mayo en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 16 de junio.
En los próximos meses, la plataforma preparará la demanda contra «la aprobación definitiva del polémico plan parcial de las Lagunas de Rabassa», una actuación que, según la entidad, «puede representar el urbanismo depredador condenado por el Parlamento Europeo».
«La decisión del TSJCV de reconocer como personados a diferentes representantes de la plataforma en nombre de esta entidad abre el camino jurídico a la participación y actuación en cualquier aspecto del expediente del Plan Parcial de las Lagunas de Rabassa», según las mismas fuentes. La PIC de Alicante habrá de presentar la demanda en los próximos dos meses, una vez el expediente administrativo sea completado.
Esa demanda se basará en diferentes cuestiones jurídicas, tanto de fondo como de forma, dicen las citadas fuentes.
El plan parcial de Rabassa, como ha denunciado reiteradamente la PIC, «produciría un desequilibrio territorial de consecuencias claramente negativas para la urbe

viernes, 11 de septiembre de 2009

LA PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS CONSIDERA ESCANDALOSO EL TRASLADO DEL RICO PÉREZ AL PLAN RABASSA

LA PIC VE INDIGNA DE UNA AUTORIDAD DEMOCRÁTICA LA ACTITUD SERVIL DE LA ALCALDESA

Ante las noticias publicadas acerca de la ubicación del Rico Pérez en los terrenos del Plan Rabassa, en relación con ajustes en el programa de instalación de centros comerciales, la PIC considera:

1.- Es indigno e impropio de una autoridad democrática que la Alcaldesa aluda a “exigir” a E. Ortiz que no instale un centro comercial en los terrenos adyacentes del Rico Pérez. En este momento está redactándose el PGOU y el PP ya preparó un traje a la medida de los intereses de “Aligestión” –empresa instrumental para este negocio de los máximos accionistas del Hércules-, según reconoció en su día el propio Ortiz; basta, pues, con que la mayoría municipal cambie el proyecto para que no se hagan en la zona centros comerciales. Y ello sin necesidad de recordar la burla de haber convocado concurso de diseño, encargar proyectos de arquitectos… En realidad, la “exigencia” trata de ocultar una negociación en la que el empresario tiene todas las posibilidades de imponer su criterio a los intereses generales de la ciudad. La realidad es que no es necesario ningún centro comercial más, ni en los terrenos del Plan Rabassa ni en el Tossal, con independencia de la instalación de Ikea.

2.- Lo que la Alcaldesa debería hacer es denunciar es el flagrante incumplimiento de las cláusulas de venta del Rico Pérez, tan beneficiosas para “Aligestión”. En ellas se estipulaba –hace dos años y medio- la reparación inmediata del estadio: no se ha movido ni una piedra. Por lo tanto cualquier otra consideración está bajo sospecha. Así, caben las siguientes preguntas: ¿regalará “Aligestión” a la ciudad el actual estadio o deberá pagarlo el Ayuntamiento?, ¿con qué fondos se haría, en su caso, ese pago?, ¿con cuáles se restauraría?, ¿para qué querría Alicante dos grandes estadios?, ¿no es plausible imaginar un horizonte en el que se abandonara, sencillamente, el estadio y una vez se constatara su imposible mantenimiento se demoliera, permitiendo que el negocio sea redondo, existiendo fondos suficientes para erigir el nuevo estadio con el señuelo de la necesidad de que Alicante cuente con un campo digno? En todo caso lo anunciado desdice las promesas públicas de E. Ortiz, cuando advirtió de que la maniobra no tenía un trasfondo inmobiliario. En aquel momento la PIC advirtió del carácter necesariamente especulativo del proceso: hoy la realidad pone a cada cuál en su sitio. Que la Alcaldesa pretenda ignorar todo esto es patético.

3.- La PIC lleva años advirtiendo que el negocio del Plan Rabassa no estaba en la construcción de viviendas, y más en las actuales circunstancias económicas, sino en el control estratégico del suelo. Lamentablemente las noticias sobre Ikea, un posible centro comercial y este nuevo estadio nos dan la razón. Es evidente que si Ortiz consigue permutar suelo del Plan –cuyo valor mengua con la crisis económica- por suelo en el centro urbano, revalorizable antes cuando mejore la situación, ya habrá hecho un gran negocio –siempre en nombre del venerable nombre del Hércules-. E, incluso, no es descartable que nos encontremos ante un movimiento-puente, que le permita el control de suelo en el Tossal mientras que el estadio finalmente acabe en la zona de Fontcalent. En todo caso nos negamos a admitir que nos encontramos ante una situación que afecta al “deporte alicantino”: así, humillando a Alicante, no se defiende al Hércules ni a ninguna seña de identidad. No hablamos de deporte: hablamos de la médula misma de la democracia y del urbanismo local.

4.- Lo que es evidente es que ni las zonas comerciales ni un nuevo estadio –con lo que supone de viales, aparcamientos, etc.- están en el diseño del Plan Rabassa aprobado por la Consellería. De ello se extraen dos conclusiones: 1) La publicidad que se difundió apabullantemente hace unos meses no reflejaba la realidad y a día de hoy ignoramos absolutamente el número de viviendas que, indudablemente, se habrá reducido: en esto queda la promesa de atender a esta necesidad social. 2) Las diferencias entre lo aprobado y lo que cada semana se anuncia como mágica innovación es tan enorme que incrementa exponencialmente las posibilidades de que el Plan, en su conjunto, sea declarado ilegal: empresarios, Cajas de Ahorro y el Ayuntamiento están jugando con fuego, con tal niveles de imprudencia que, de nuevo, causa escándalo su prepotencia y ausencia de interés por los intereses colectivos.