MANUEL ALCARAZ RAMOS

He escrito tantos artículos sobre el Plan Rabassa dominando el pesimismo que el lector permitirá que hoy me confiese alegre. Alegría matizada, porque en el análisis de las consecuencias del Auto del TSJ también debe haber prudencia. Pero la prudencia no me impide considerar que los opositores al Plan hemos conseguido una importante victoria. Se pensará que es éxito provisional, y será cierto. Pero sólo en el plano jurídico, porque en el plano político y social el asunto tiene más lecturas. Victoria porque, sinceramente, no lo esperábamos. Nuestros argumentos son legalmente consistentes pero creíamos que sería necesario esperar a que resolvieran la demanda que queda por presentar al TSJ; al fin y al cabo todavía hay más argumentos que los que el tribunal ha considerado ahora, en una resolución durísima frente a la frivolidad con que fueron contestando los defensores del Plan las críticas a su impacto negativo sobre la ciudad.

Por eso, incluso poniéndonos en el peor escenario posible, esto es, en el levantamiento de la suspensión cautelar, la advertencia que hace el Auto sobre los posibles motivos de ilegalidad debe hacer reflexionar a los adalides de la famosa barrabasada. Por eso nada volverá a ser igual: la sombra de la duda legal del Plan está ahí, ha llegado para quedarse.

Por ello es el momento de empezar a echar algunas cuentas. No pediré que se desdigan los políticos y empresarios que han cantado hasta la extenuación, con muchos medios económicos por medio, las virtudes del Plan y la seguridad absoluta en su legalidad. Pero bueno es que lo recordemos, porque son los mismos capaces de seguir defendiendo un modelo de no-ciudad para cuando acabe la crisis. Quizá el Auto no marque la terminación definitiva del Plan Rabassa, pero sí es el mojón de referencia del principio del fin de la especulación urbanística tal y como la hemos conocido: ni las condiciones económicas, ni el ambiente político -manchado por sospechas de corrupción-, ni los cambios en la sensibilidad judicial lo van a permitir. Cuanto antes nos demos cuenta mejor será para la ciudad.

Y es que el Plan Rabassa, pese a las fervientes promesas de políticos del PP y promotores, no ha movido ni un metro de tierra, pero sí que ha dado lugar a un uso especulativo del suelo y a expectativas distorsionadas que ahora se tendrán que ir al garete. Pase lo que pase con la suspensión, ¿será creíble seguir prometiendo que el Plan es la tierra de leche y miel donde todo cabe, la solución a todos nuestros males?

El Plan Rabassa, por su extensión y significado, marca el destino de Alicante, pero no sólo en lo urbanístico, sino en lo económico.

El control de tal espacio atribuía a los adjudicatarios un poder extrademocrático con el que presionar en toda la ciudad. Desde que en el verano pasado se aprobó, se ha hablado de trasladar el Rico Pérez -y, si no, de buscar ventajas para el propietario- y del gigantesco proyecto de centros comerciales. Y pese a que de viviendas -incluidas VPO- no se ha vuelto a hablar, en cada caso se ha intentado extorsionar a la opinión pública con necesidades sociales. Los desequilibrios provocados por el Plan, antes de meter un ladrillo, ya se hacían notar, incidiendo negativamente en los discursos que piden diversificar la economía, en las previsiones de gasto público, en el estrangulamiento del pequeño comercio, en las cuentas de entidades financieras y hasta en la reactivación del sector inmobiliario -¿quién va a querer lanzarse con esa concentración privilegiada del mercado?-.

El problema, ahora, no es Ikea, como se han empeñado en decir nuestros políticos. El problema es el Plan Rabassa y la filosofía implícita que hay en él y que ha rebatido el Auto del TSJ. No creo que nadie se aventure a seguir metiendo miedo con el empleo y la necesidad de vivienda: repitamos, otra vez, que hace 10 años se aprobó el PAU III a favor del mismo adjudicatario principal del Plan RabassaÉ no se ha construido ni una vivienda ni se ha creado un solo puesto de trabajo. El Auto también debe llevarse la hipocresía y la propaganda. Ya está bien, ¿no?

Si repasamos los muchos años de mando de Díaz Alperi no recordamos ninguna actuación que dejara su impronta, sólo el Plan Rabassa es su herencia. La que aceptó Castedo, alcaldesa hoy y concejala de Urbanismo en toda la tramitación. Como en el Plan aún no hay festejos populares no ha podido bailarle el agua a las lagunas, pero le ha pesado en todo lo que tuvo que ser su gestión seria. En otro momento, en otro lugar, esto daría lugar a dimisiones, entre otras cosas porque una suspensión definitiva le podría costar mucho dinero a la ciudad y porque carece de un Plan B. Ha actuado de la manera más irresponsable con Ikea, cuando sabía que el escenario legal con el que ahora nos encontramos era bien factible.

Que ahora trate de buscar otro lugar para la instalación culmina el desatino: ¿no nos ha dicho, entre aplausos felices, que el del Plan Rabassa era el único posible y que, si no, no se construiría?

Por eso sólo hay una medida sensata: parar, parar políticamente antes de que judicialmente lo paren, antes de que el procedimiento se empantane por años en los pasillos del Poder Judicial; parar, ahora que saben que no son invulnerables. Parar y sentarse -no con Ikea- sino con los recurrentes, con informes jurídicos, con la perspectiva de cambiar el PGOU en trámite. Parar el Plan Rabassa y debatir con luz y buena fe el futuro de esa pieza esencial para la ciudad, diversificando sus funciones, evitando el uso insostenible de suelo y agua, evitando gastos futuros y crispación social.

No hemos ganado ninguna guerra. Tiempo habrá para cosechar otros sinsabores. Pero cada día tiene su afán. Y en el día de hoy lo más importante es que sabemos que vamos a pasar unas Navidades sin el Plan Rabassa. Felices Fiestas.

LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA

JUAN R. GIL

Convendría que algunos no se rasgaran exageradamente las vestiduras ahora que el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido de forma cautelar el Plan Rabasa hasta que, entrando en el fondo, pueda determinar su sostenibilidad y su legalidad. Lo digo porque aquí, salvo la tantas veces denostada como siempre necesaria Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), la cuasi desaparecida Esquerra Unida y este mismo periódico, los demás actores políticos y sociales de Alicante han contribuido decisivamente al belén que ahora tenemos montado.

Todos, con las únicas excepciones que se han mentado más arriba, pusieron de su parte lo que el promotor les reclamó.

Viene al caso, pues, recordar que el Plan Rabasa tiene muchos, demasiados padres. Que es el fruto de un tiempo político en el que había un alcalde, como ya se decía aquí de Luis Díaz Alperi, que miraba Alicante y no veía más que un puñado de solares, bajo cada uno de los cuales podía esconderse un tesoro. De una concejal de Urbanismo, la hoy alcaldesa Sonia Castedo, que se convirtió en la más eficiente ejecutora y la más ardorosa defensora de ese discurso, que mientras postergaba la revisión del Plan General iba depredando la ciudad por parcelas. Y de un Ripoll, recién llegado a la Diputación pero aspirante todavía por aquel entonces a sentar sus reales en la plaza del Ayuntamiento, que se pasaba el día amagando, aunque nunca pegaba: siempre acababa asintiendo.

Pero también hijo de un tiempo en el que había un Partido Socialista rendido con armas y bagajes a esa misma política, que refrendó votando a favor de ese macroproyecto en el mismo pleno en el que Alperi -do ut des- les subía los sueldos a todos. ¿Que luego les cortaron la cabeza a los más significados líderes de aquel grupo? Sin duda. Pero al que se encargó de rebanársela, con el sencillo argumento de que el PSOE no trabajaba para un empresario sino para una ciudad, Antonio García Miralles, lo jubilaron en cuanto pudieron y el actual secretario general, Roque Moreno, aunque ni estaba aún en el Ayuntamiento ni apoyó el desdichado plan, se ganó el puesto en la última asamblea, hace apenas unos meses, gracias precisamente a quienes entonces pactaron con el PP adorar el becerro de oro.

Eran tiempos, la hemeroteca está para atestiguarlo, en los que mientras algunos escribíamos páginas y páginas denunciando que un proyecto que pretendía dar cobijo a cuarenta mil personas no podía hacerse al margen de un Plan General que lo conectara desde todos los puntos de vista con la ciudad, que lo insertara en ella, otros, como el actual portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, defendían, no sólo la legalidad del Plan Rabasa, sino la obsolescencia de los planes generales, instrumentos que, en su opinión, habían quedado superados porque no se podía, y en esto cito de memoria pero casi literalmente, pretender que un documento elaborado hoy organizara en serio por diez o doce años un municipio en movimiento.

Tiempos asimismo en que la patronal salía todos los días a manifestarse, a golpe de silbato del Consell, contra la falta de agua, pero no veía mayor problema en que dentro de Alicante creciera, como un embarazo extrauterino, un nuevo municipio sin establecer los servicios con que debía contar ni las consecuencias para el resto de la ciudad. Al contrario, a "eso" le llamaron "riqueza". Tiempos, también, en que los socialistas justificaban su voto a favor porque faltaban VPO mientras el PP, con el silencio cómplice o inepto (tanto da) del PSOE, llevaba, no sólo diez años sin habilitar suelo para ellas, sino sin obligar siquiera a los promotores a construirlas en los planes que ya estaban aprobados y que sí las contemplaban.
Tiempos, como mínimo, en que había en Alicante dos alcaldes, Alperi y Enrique Ortiz, y ninguno de ellos defendía el interés general.

El constructor, lo dije entonces y lo mantengo ahora, era el único que parecía estar en su papel: el de sacar adelante su beneficio sin mirar atrás ni pararse en mientes. Pero cuando ahora, a la vuelta de los años y con la suspensión encima de la mesa, se echa la vista atrás, no queda otra que pensar que llegó un momento en que, de tan crecido como estaba, se le fue la mano. El Plan Rabasa fue un plan con forceps, sacado adelante a base de una presión intolerable ejercida, no sólo sobre los partidos políticos a través de sus principales dirigentes, sino sobre los sindicatos y el movimiento ciudadano, el poco que queda, en un proceso en el que se llegó a jugar de forma harto mezquina con las esperanzas de la gente, haciéndoles apuntarse en listas para aspirar a una vivienda protegida que no tenían validez legal alguna. ¿Y todo para qué? Pues ahora se ve que para nada.

Rectifico: para nada, no. Para liar una monumental. Para que ahora corramos el riesgo de que la suspensión cautelar, simplemente eso, sin ni siquiera esperar a que llegue la sentencia definitiva, sea en el sentido que sea, desencadene un efecto dominó que acabe por afectar al grupo empresarial más potente de la provincia, a las cajas de ahorro, a un proyecto que Alicante quiere, el de Ikea, e incluso a la supervivencia del Hércules.

Ahora bien: con ser todo eso cierto (que el Grupo Cívica va a ver frenadas en el peor momento de la crisis sus expectativas de desarrollo, que Ikea no tiene intención alguna de esperar dos años a ver cómo se resuelve el entuerto, que las cajas tienen suelo -Bancaja, en concreto, el 40% del plan; la CAM sólo en torno a un cinco- pero, sobre todo, tienen mucho dinero prestado ahí y que el Hércules ya era una losa para las cuentas de Ortiz), con ser todo eso verdad, digo, no vale de excusa ni puede consentirse que se pretenda utilizar como coartada para presionar al tribunal y extender una cortina de humo que intente tapar todo lo mal que se ha hecho y se ha llevado este asunto.

Si hemos dicho que el plan se gestó en tiempos de especulación pura y dura y mediocridad (por no hablar de otra cosa) política, ahora sólo cabe exigirles a todos aquellos que procuraron este embrollo que busquen la solución para que la ciudad no sea, al final, de nuevo la perjudicada. Ahí tiene la alcaldesa un ejercicio de liderazgo que demostrar. El PSOE, uno de responsabilidad que realizar. Y el empresario, otro de realismo y, sobre todo, de humildad. Porque si 2005 fue para él el año del esplendor, éste de 2009, que acaba con Rabasa paralizada y él en los tribunales denunciado como supuesto cómplice de la presunta financiación ilegal del PP, ha sido su annus horribilis. Pero que no se confunda: los cimientos de lo que hoy le ocurre los puso aquel día en que hizo levantar la mano y agachar la cabeza a todos los concejales de la Corporación menos a uno.

EL PRINCIPIO DEL FIN DEL SECUESTRO DE LA CIUDAD POR LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA

EL TSJ SUSPENDE CAUTELARMENTE EL PLAN RABASSA
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1.- La decisión del TSJ es provisional, pero supone un espaldarazo de gran calibre a las posiciones que ha venido defendiendo la PIC y todos los que se han opuesto, a lo largo de los últimos años, al Plan Rabassa. Con independencia de futuras decisiones que adopte el Tribunal, la actual significa que la sombra de la duda legal recae, como siempre hemos dicho, sobre el Plan.

2.- El auto recae sobre el recurso inicial, es decir, antes de que la PIC y otros recurrentes presenten la demanda definitiva, lo que se hará en los próximos días siguiendo los plazos legales previstos. Por ello es más importante aún la decisión, ya que en esa demanda los recurrentes argumentarán con mucha más profundidad las razones para pedir la nulidad del Plan Rabassa y la confirmación de la suspensión.

3.- La PIC lamenta el empecinamiento del PP en la defensa del Plan -que se aprobó siendo concejala de Urbanismo Sonia Castedo-. Desde muchos lugares se había advertido de que se carecía de la certificación de disponibilidad de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo legalmente competente: se minusvaloró el argumento y se trató de bordear la legalidad. Especialmente significativo es que el auto de suspensión aprecie también que el PAI está fuera del PGOU: también advertimos que ello era una sinrazón evidente y que la jurisprudencia había apreciado como causa de ilegalidad esta circunstancia en otros PAIS. El menosprecio de este hecho ha sido de tal envergadura que en el actual proyecto de PGOU figura el Plan Rabassa como “en ejecución”, lo que es una manifiesta mentira: el PP local desaprovechó la revisión del Plan General, incluso, para introducir el Plan Rabassa.

4.- La PIC ha advertido reiteradamente que el negocio prioritario del Plan Rabassa no era la construcción de viviendas, sino la especulación con el suelo, que otorgaba a los adjudicatarios una gran capacidad de presión sobre la ciudad. Esta idea se vio inmediatamente confirmada cuando se produjo la autorización por parte de la Generalitat: inmediatamente empezaron a producirse fenómenos como el intento de trasladar al Plan Rabassa el Rico Pérez y, sobre todo, la instalación de centros comerciales. La PIC advirtió sobre la tremenda irresponsabilidad de estos movimientos, ante la posibilidad de suspensión o/y anulación del Plan. Incluso si se levantara la suspensión actualmente vigente: ¿qué seguridad jurídica existe a partir de ahora para estos proyectos?

5.- Por todo lo indicado la ciudad merece y la PIC exige una inmediata explicación por parte de Alcaldesa, quien reiteradamente ha defendido la oportunidad y legalidad del Plan Rabassa y ha estado, como hemos dicho, bendiciendo todas las propuestas, hasta las más insólitas, que tenían como escenario el Plan Rabassa. La PIC propone que vuelva la sensatez y lo más sensato es que la Alcaldesa, gran responsable de toda la situación, encargue los informes pertinentes, convoque a los recurrentes y establezca los mecanismos de diálogo ciudadano oportunos, encaminados a la renuncia definitiva al Plan Rabassa, ahorrando a la ciudad un gasto económico que podría ser considerable y la lógica crispación ciudadana. Este sería un rasgo de responsabilidad que la redimiría de la irresponsabilidad mostrada hasta ahora.

6.- Con independencia de lo que depare el futuro, la decisión judicial debe ser consideraba como el principio del fin del secuestro de la ciudad por la especulación urbanística: supone una divisoria, hay un antes y un después. La consideración de que hay argumentos solventes contra el principal proyecto urbanístico en la historia de Alicante es una gran razón para la satisfacción.

7.- La PIC, que nació para oponerse al Plan Rabassa y que tuvo que luchar contra muchos ataques interesados, a veces en bastante soledad, muestra su gran alegría por esta decisión, que quiere celebrar con todos los que han apoyado y apoyan su posición en esta y en otras cuestiones. Como detalle de buena voluntad, en estas fechas tan señaladas, regalará a la Alcaldesa de la ciudad uno de los grabados que editó para sufragar los gastos del recurso contra el Plan Rabassa. En el futuro los jueces dirán lo que consideren oportuno, pero no hay nos va a quitar la satisfacción por nuestro trabajo desarrollado. Necesitamos esta energía porque aún queda mucho por hacer. Vendrán otras preocupaciones, pero ahora sabemos que tenemos derecho a la esperanza.

Club Informacion

Club Informacion

REDES WI-FI Y MEJOR ALUMBRADO, PETICIONES DE LA PIC A LA ALCALDESA

La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas de Alicante ha hecho días pasados una serie de sugerencias al ayuntamiento de la ciudad para poder aprovechar las nuevas inversiones que llegarán a las arcas municipales en la segunda edición del Plan E, destinadas esta vez, a impulsar la inversión en el medio ambiente y la innovación en la sociedad del conocimiento.

La PIC, en escrito presentado en el Registro municipal, pide sean tenidas en cuentas diversas ideas que podrían incluirse en la solicitud de ayudas para la solicitud de inversión del Plan E para el próximo 2010.


Entre estas sugerencias de la Plataforma destaca la extensión del acceso público a redes inalámbricas de conexión a Internet a todo el casco urbano y pedanías, con atención especial a núcleos de población que carezcan de tal acceso.

Del mismo modo, el colectivo ciudadano apunta la necesidad de instalar paneles de energía fotovoltaica en los distintos edificios públicos, de modo que, con esta inversión, pueda reducirse parte del gasto corriente de las instalaciones municipales.

Finalmente, en su petición, cursada recientemente a la alcaldesa, la PIC sugiere que el ayuntamiento aborde un plan de sustitución del alumbrado público actual, además del sistema de semáforos por otros del tipo LED o de ahorro energético.

“¿Era necesario hacerlo así de mal?”, pregunta la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas.

UN ASCENSOR DEL TRAM ROMPE LA IMAGEN DE LUCEROS


La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas llama la atención de los alicantinos ante el desaguisado estético-urbanístico que los responsables del TRAM podrían perpetrar en la Plaza de los Luceros de Alicante.

Como se refleja en la imagen que adjuntamos – captada el pasado lunes por la noche desde la Avenida de la Estación - , si, finalmente, se consuma la instalación de un ascensor de acceso y salida a la futura estación del TRAM, se cometería un atentado estético contra el conjunto de la Plaza de los Luceros, al invadir físicamente el espacio de este lugar emblemático y singular de la ciudad.


El ascensor, que invade y rompe la imagen de la escultura , impide, además, ver la obra y la plaza desde cualquier punto de la Avenida de la Estación mirando a la contigua de Alfonso X el Sabio .

La PIC se pregunta si no hay otra solución que evite este “apaño”. ¿Era necesario sacrificar la imagen de Luceros de esta manera tan burda ¿ ¿No es posible facilitar este acceso al público desde otro punto de la plaza que no fuera el que ahora se está invadiendo?

Esperamos de los responsables de las obras del TRAM y sus accesos una solución estética y urbanística menos perjudicial que la que se acomete en este momento.