El dato principal de la realidad de Alicante es su inmersión en la crisis económica. A finales de agosto había en la ciudad 29.535 parados, diez mil más que hace un año: un 20% de desempleados. La situación es humanamente angustiosa y tendrá otros efectos como la reducción del flujo de inmigrantes y el estancamiento demográfico, la volatilización de ahorros o el cierre de pequeños comercios.
Pero el Ayuntamiento no ha planteado políticas activas y la alcaldesa ha manifestado que poco puede hacer, reduciendo la cuestión a la atención por los servicios sociales de casos sangrantes. La experiencia demuestra que se pueden adoptar medidas de concertación social, como Pactos Locales por el Empleo, que exploren nuevas vías y que transmitan confianza. Tampoco se reúne desde hace años el Consejo Económico y Social, que no se adaptó a la Ley de Grandes Ciudades.
Lo más grave es que en Alicante, probablemente, crisis y desempleo serán más duraderos por el peso de la construcción. Su recuperación requerirá reducción del paro, facilidad para obtener préstamos, crecimiento demográfico sostenido y la venta del stock de casas: nos encontramos en un círculo vicioso. La salida de la crisis, también, será ocasión de despegue para algunos territorios, mientras que en otros las condiciones para el crecimiento no serán tan positivas como antes de ella. Podemos encontrarnos ante esta última realidad por la ausencia de mecanismos de concertación y de instrumentos institucionales de intervención.
Para el PP la superación de la crisis pasa por la continuación de los negocios dominantes antes de su inicio, con su misma forma. Por ello su gestión de la crisis está siendo insolidaria -atiende más a los intereses a largo plazo de algunos poderes fácticos que a los intereses generales- e irracional -se basa en percepciones del pasado, en lugar de atender al diseño del futuro-. Tampoco intenta trasladar los planes estratégicos provinciales presentados. Y el proyecto de PGOU no atiende a criterios de innovación económica, partiendo de proyecciones demográficas que, probablemente, son obsoletas, para justificar la construcción desenfrenada de vivienda. Así pues, el "año Castedo" es, sobre todo, el año de la crisis y del paro, el año en que no ha adoptado decisiones estratégicas para diversificar la economía alicantina y generar confianza y solidaridad.
La alcaldesa encontró un horizonte favorable: no desgastada por procesos electorales, con una ciudad fatigada de la inoperancia de su predecesor y con una débil oposición. Su llegada significó que lo que fue por años inercia institucional se transformara en acción de gobierno, algo que también interesaba a algunos poderes económicos en época de crisis. Hay que reconocer el dinamismo de Castedo, que le ha permitido generar corrientes de proximidad con ciertos sectores sociales, constituir un nuevo grupo en el PP municipal y seguir desbordando a una oposición inconstante.
Castedo ha orientado su imagen hacia posiciones populistas, de rentabilidad inmediata en términos de reconocimiento, que intenta hacer olvidar sus muchos años en el Ayuntamiento, en los que decidió en multitud de tremendos asuntos urbanísticos.
La efervescencia de su gestión ha permitido disimular la ausencia de impulsos de auténtico cambio. Así, las grandes intenciones se resuelven con medidas epidérmicas, los gestos reivindicativos ante el Gobierno del Estado se vuelven muecas de sumisión ante la Generalitat Valenciana -cuyo apoyo sería más importante en materias esenciales-, su pregonada necesidad de "querer a Alicante" resbala por lo circunstancial. Y, sobre todo, es incapaz de imaginar la ciudad en términos distintos de los recibidos.
El PGOU podría haber sido su mayor aportación en estos meses. Aparte de intentar hacer olvidar su responsabilidad personal en el retraso del mismo, se esforzó en dar la impresión de impulsar un debate participativo. No era así: cambió un auténtico debate, basado en información real y suficiente, por presentaciones publicitarias. Superado ese periodo de protagonismo, el PGOU ha quedado reducido a un viaje de la nada a la nada: es el documento en el que se dice que la ciudad está condenada al único camino del desarrollo desmesurado, sujeta a modificaciones impulsadas por los principales poderes fácticos. Nunca se usó tanto papel para decir que todo seguirá políticamente igual.
La mejor muestra de ello es que el Plan Rabassa figura falsamente en el PGOU como "en ejecución". Pero, realidad y metáfora de una época, finalmente la Generalitat ha aprobado el Plan Rabassa, tras un ansioso bombardeo publicitario sobre sus bondades. Durante años la PIC afirmó que el negocio del Plan no era la vivienda sino la gestión especulativa del suelo: nunca imaginamos que veríamos tan pronto confirmadas nuestras sospechas. Las prisas por la aprobación impidieron que se incluyera el recorte de 300.000 metros cuadrados, en zonas verdes, como reserva de suelo ferroviario. Pronto entendimos la urgencia: es el gran atractor de grandes golpes de mano económicos que se están gestando en las sombras de los despachos que deciden lo que ha de decidir el Ayuntamiento.
El anuncio de la instalación de Ikea sería positivo si no fuera porque lleva aparejado el de otros centros comercialesÉ y porque puede encontrarse con la declaración de ilegalidad de la actuación urbanística, porque para estas improvisaciones no existe adjudicación administrativa. Las provocativas noticias sobre el futuro del Estadio del Hércules revelan las fabulosas maniobras especulativas que se están gestando. Y recordemos que el PGOU ya cambió el diseño del Tossal para favorecer a la empresa que fagocitó al Hércules. Que se incumpla el contrato de reparación y que no podamos saber en qué terminará todo el proyecto, también es indicativo del desconcierto.
La incompetencia de unos y otros está haciendo que el Centro de Congresos, la entrada sur, la evolución del Puerto, la reforma de la zona de la Estación de Autobuses, la torre de comunicaciones o la reforma de la Zona Norte, se eternicen o sean auténticas chapuzas, en lo que incide la crisis de la financiación basada en la extracción de plusvalías. Entre lo positivo está la aceleración de la Casa Mediterráneo, la remoción del Castillo de Santa Bárbara y de Tabacalera y algunas actuaciones del TRAM -que pueden empañarse con su privatización-.
Tampoco las autoridades municipales se han mostrado activas en la defensa de los servicios públicos, cuyos déficits repercuten en los más débiles. Hay una ausencia de aliento estratégico, una renuncia a contemplar la ciudad como realidad compleja que precisa definir un modelo, dirigido desde las instituciones democráticas, que nos sitúe en mejores condiciones para la salida de la crisis.
La PIC celebra que en Alicante vuelva a haber "algo de gobierno", pero advierte sobre la necesidad de analizar sus aspectos concretos, cuyas decisiones no llegan a partes esenciales de la vida local, singularmente a la evolución económica y al urbanismo significativo, en las que las acciones institucionales siguen siendo inexistentes o están teledirigidas. No conviene deslumbrarse ante los fulgores de lo aparencial cuando tanto ciudadano lo pasa mal y no encuentra esperanza que no vaya acompasada por algún tipo de manipulación.
Quizá algunos crean que sólo con festejos la ciudad recuperará el optimismo. Si así fuera, Alicante sería una ciudad que está regresando, alegremente, al pasado en lo fundamental: sus mecanismos de generación de riqueza, su modelo de (des)estructura urbanística y sus señas de identidad. Eso es lo que se oculta bajo el capcioso concepto de "progreso" que se está propagando. Y además es imposible
