LA PIC ADVIERTE DE LA POSIBLE ILEGALIDAD DE UNA HIPOTÉTICA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AL ALICANTE, C.F.
El ayuntamiento de Alicante incurriría en una ilegalidad, e incluso podría cometer un delito, de llevar a cabo la operación anunciada el martes por la alcaldesa para enjugar las deudas del Alicante, C.F.
Así lo entiende la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que recuerda que la venta municipal del Estadio Rico Pérez a Aligestión (empresa instrumental del Hércules, SAD), tenía como condición que 3,3 millones de euros del precio de venta tendrían como destino finalista la remodelación del estadio municipal de Villafranqueza, para que pudiera jugar allí el Alicante en condiciones adecuadas, ya que sólo podía seguir jugando en el Rico Pérez durante cinco años.
Hace dos años, después del ascenso del club a 2ªA, su presidente encargó un proyecto urbanístico al arquitecto Fenwick para construir un nuevo estadio polivalente y una zona urbana comercial y adyacente en la carretera de Valencia, en una operación similar a las acometidas por el Hércules, el Valencia o el Murcia. Todo ello, enmarcado en un modelo económico que se ha revelado inviable y ha devenido en el fracaso de la operación con la actual crisis y la imposibilidad de convertir al Alicante en SAD.
A la vista de todo ello, la única salida que el presidente del club alcanza a ver como remedio a todos sus males, es el uso y disfrute del dinero público municipal.
La propuesta de la directiva del Club al ayuntamiento consiste, pues, en que los 3,3 millones de euros procedentes de la venta del Rico Pérez y previstos en las claúsulas de la venta para la remodelación del estadio municipal de Villafranqueza, sean destinados al pago de las deudas del Alicante. Es decir, al pago de las fichas y sueldos del personal, de los cuatro entrenadores que ha tenido esta temporada, a los impuestos de Hacienda adeudados, a las deudas con la Seguridad Social, con los proveedores, etc. etc.
La PIC considera que esta posible solución es inaceptable y posiblemente ilegal . Es falso, como indica la alcaldesa, Sonia Castedo, que ese dinero es del Alicante y debe revertir en el club , intentando justificar de este modo la proyectada operación. No es verdad, puesto que esos 3,3 millones de euros es dinero de todos los ciudadanos, obtenido por la venta de un patrimonio municipal, el estadio Rico Pérez.
La alcaldesa, de momento, se autoprotege al anunciar que no acuará sin un informe jurídico favorable. De todos modos, a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas sólo el planteamiento le parece inaceptable, además de políticamente censurable.
El ayuntamiento de Alicante incurriría en una ilegalidad, e incluso podría cometer un delito, de llevar a cabo la operación anunciada el martes por la alcaldesa para enjugar las deudas del Alicante, C.F.
Así lo entiende la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que recuerda que la venta municipal del Estadio Rico Pérez a Aligestión (empresa instrumental del Hércules, SAD), tenía como condición que 3,3 millones de euros del precio de venta tendrían como destino finalista la remodelación del estadio municipal de Villafranqueza, para que pudiera jugar allí el Alicante en condiciones adecuadas, ya que sólo podía seguir jugando en el Rico Pérez durante cinco años.
Hace dos años, después del ascenso del club a 2ªA, su presidente encargó un proyecto urbanístico al arquitecto Fenwick para construir un nuevo estadio polivalente y una zona urbana comercial y adyacente en la carretera de Valencia, en una operación similar a las acometidas por el Hércules, el Valencia o el Murcia. Todo ello, enmarcado en un modelo económico que se ha revelado inviable y ha devenido en el fracaso de la operación con la actual crisis y la imposibilidad de convertir al Alicante en SAD.
A la vista de todo ello, la única salida que el presidente del club alcanza a ver como remedio a todos sus males, es el uso y disfrute del dinero público municipal.
La propuesta de la directiva del Club al ayuntamiento consiste, pues, en que los 3,3 millones de euros procedentes de la venta del Rico Pérez y previstos en las claúsulas de la venta para la remodelación del estadio municipal de Villafranqueza, sean destinados al pago de las deudas del Alicante. Es decir, al pago de las fichas y sueldos del personal, de los cuatro entrenadores que ha tenido esta temporada, a los impuestos de Hacienda adeudados, a las deudas con la Seguridad Social, con los proveedores, etc. etc.
La PIC considera que esta posible solución es inaceptable y posiblemente ilegal . Es falso, como indica la alcaldesa, Sonia Castedo, que ese dinero es del Alicante y debe revertir en el club , intentando justificar de este modo la proyectada operación. No es verdad, puesto que esos 3,3 millones de euros es dinero de todos los ciudadanos, obtenido por la venta de un patrimonio municipal, el estadio Rico Pérez.
La alcaldesa, de momento, se autoprotege al anunciar que no acuará sin un informe jurídico favorable. De todos modos, a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas sólo el planteamiento le parece inaceptable, además de políticamente censurable.
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