1. En los últimos años se han aprobado en España diferentes medidas contra la corrupción, desde el Código de Buen Gobierno a la nueva ley de financiación de los partidos, la reforma de la ley del suelo, la reorganización de la fiscalía anticorrupción o la creación de unidades especiales en la Guardia Civil. ¿Cuáles de estas u otras medidas le parece que están funcionando bien y cuáles no? ¿Por qué cree que no funcionan las que están fallando?
No me atrevo a detallar pero es evidente que en el origen de mucha corrupción hay un cruce de dos elementos:
-Modelo de crecimiento económico: el todo vale alrededor de la construcción, que exige negocios rápidos y connivencias múltiples para maximizar el beneficio en el menor tiempo posible. Mientras ese modelo se mantenga no cesará la corrupción.
-Modelo de actuación política de los principales partidos –en especial el PP, que “entiende mejor” los beneficios rápidos-, que, siempre que obtengan beneficios a corto plazo miran para otro lado, hacen listas electorales sin atender al interés público, juegan a ausencia de transparencia, etc.
2. ¿Qué medidas deberían tomarse para atajar el problema de la corrupción? Por favor, si es posible, detalle cómo cree que se podría acabar con la financiación ilegal de los partidos, con el urbanismo como caldo de cultivo de prácticas irregulares, con el fraude de ley del fraccionamiento de contratos para eludir su control o con los regalos a las autoridades públicas.
Algunas posibles –sin agotar el tema-:
-Cumplimiento estricto y ampliación de las normas de transparencia, informes previos, etc. Asegurando que la sociedad civil, los medios de comunicación, organizaciones cívicas y partidos de oposición tengan acceso rápido y real a toda la documentación sobre un amateria, gestión presupuestaria, etc. Con mecanismos judiciales rápidos para conseguirla si hay obstrucción, incluyendo sanciones a los responsables.
-Establecimiento de nuevos tipos penales, p.ej.: el enriquecimiento injusto.
-Normas más rígidas de incompatibilidades de los cargos públicos y funcionarios, sobre la base de la prohibición estricta de ejercer ningún negocio durante el mandato ni relacionado con sus tareas varios años después, con un seguimiento activo de fiscalía.
-Reformulación de Reglamentos Parlamentarios, para acotar la in inviolabilidad y el aforamiento para actos sucedidos durante el mandato parlamentario y relacionados directamente con éste.
-Cambios en la ley electoral: abrir las listas electorales municipales.
-Favorecer mecanismos en el ámbito local de participación: evitar clientelismo en ayudas y subvenciones, ILP, consultas populares.
-Mejorar la financiación municipal con un mejor control de Tribunales de Cuentas. Incentivar medidas de austeridad municipal, p.ej: obligando a mancomunar servicios o, incluso, unificando núcleos de población dispersa en un mismo Ayuntamiento.
-Medias “antimonopolio vertical”, prohibiendo que un mismo empresario acumule un exceso de suelo o viviendas.
-Medias activas y públicas de promoción de la vivienda.
-Facilidades para la denuncia de casos de corrupción, garantizando el secreto o, incluso, perdonando a los denunciantes.
-Cruzar con más eficacia los datos de policía y fiscalía con los de la administración tributaria.
-Facilitar la acción popular.
-Mejoras en la legislación procesal y en los medios para garantizar celeridad en las decisiones y acabar con la presunción de facto de que que las administraciones públicas tienen razón. Posibilidad de poderse decretar la suspensión del ejercicio del cargo público tras la imputación de un cargo público.
-Mejor regulación de las comisiones de investigación.
-Creación de comités u observatorios de ética pública que elaboren informes a niveles estatal, autonómico y local, formados por empresarios, sindicatos, profesores, colegios profesionales, etc.
3. ¿Qué otras actuaciones habría que añadir a las que ya existen?
Nada de lo indicado tendrá una eficacia absoluta si los grandes partidos no reintroducen en sus prácticas políticas los valores cívicos y democráticos como ejes centrales de su actuación con la promoción de medidas de austeridad, limitación de los cargos de confianza, reflexiones sobre la función de ejemplaridad de los cargos públicos, racionalidad en la confección de listas –en lugar de elaborarlas a base de primar enjuagues entre “familias”, grupos de presión, etc. Al fin y al cabo la corrupción económica –en especial la urbanística- provoca una corrupción de la política con la emergencia de nuevos caciques. Pero la ciudadanía incluye los efectos de la corrupción en un marco más amplio: la credibilidad y prestigio global de partidos y políticos. Sería bueno que los partidos realizaran anualmente “auditorias éticas”, examinando el comportamiento, normas internas, etc. de una serie de organizaciones.
4. ¿Son necesarios órganos independientes de control? ¿Debe dotarse al Tribunal de Cuentas de nuevas funciones?
-Auditorias aleatorias sobre entes públicos.
-Desvicaciones económicas como causa de desviaciones de la legalidad o de malas prácticas: subvenciones, excesos en la contratación de personal de confianza, excesos en el fraccionamiento de contratos, exceso de “reformados” en las obras públicas…
5. ¿Son necesarias condenas judiciales más duras?
Más duras y más rápidas, y más tipos penales: enriquecimiento injusto, desviación de fondos públicos para fines impropios…. Una de las causas de la corrupción –detectables en las opiniones de políticos y empresarios- es la sensación de invulnerabilidad.
6. Cuatro de los siete países mejor situados en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparency International son escandinavos. ¿Qué hay en el modelo político y/o administrativo de estos países para sufrir en menor medida este problema? Algunos autores apuestan por una reforma completa de la administración local que limite al mínimo el margen de los políticos para tomar decisiones discrecionales y profesionalice el trabajo de los funcionarios.
-No conozco la legislación de los países escandinavos, pero es evidente que está en relación con una cultura política que incluye mayor rigor ético y participación social. Quizá, también, haya un mayor respeto por el medio ambiente que impide determinadas actuaciones.
-A lo segundo he contestado antes.
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