LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA

JUAN R. GIL

Convendría que algunos no se rasgaran exageradamente las vestiduras ahora que el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido de forma cautelar el Plan Rabasa hasta que, entrando en el fondo, pueda determinar su sostenibilidad y su legalidad. Lo digo porque aquí, salvo la tantas veces denostada como siempre necesaria Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), la cuasi desaparecida Esquerra Unida y este mismo periódico, los demás actores políticos y sociales de Alicante han contribuido decisivamente al belén que ahora tenemos montado.

Todos, con las únicas excepciones que se han mentado más arriba, pusieron de su parte lo que el promotor les reclamó.

Viene al caso, pues, recordar que el Plan Rabasa tiene muchos, demasiados padres. Que es el fruto de un tiempo político en el que había un alcalde, como ya se decía aquí de Luis Díaz Alperi, que miraba Alicante y no veía más que un puñado de solares, bajo cada uno de los cuales podía esconderse un tesoro. De una concejal de Urbanismo, la hoy alcaldesa Sonia Castedo, que se convirtió en la más eficiente ejecutora y la más ardorosa defensora de ese discurso, que mientras postergaba la revisión del Plan General iba depredando la ciudad por parcelas. Y de un Ripoll, recién llegado a la Diputación pero aspirante todavía por aquel entonces a sentar sus reales en la plaza del Ayuntamiento, que se pasaba el día amagando, aunque nunca pegaba: siempre acababa asintiendo.

Pero también hijo de un tiempo en el que había un Partido Socialista rendido con armas y bagajes a esa misma política, que refrendó votando a favor de ese macroproyecto en el mismo pleno en el que Alperi -do ut des- les subía los sueldos a todos. ¿Que luego les cortaron la cabeza a los más significados líderes de aquel grupo? Sin duda. Pero al que se encargó de rebanársela, con el sencillo argumento de que el PSOE no trabajaba para un empresario sino para una ciudad, Antonio García Miralles, lo jubilaron en cuanto pudieron y el actual secretario general, Roque Moreno, aunque ni estaba aún en el Ayuntamiento ni apoyó el desdichado plan, se ganó el puesto en la última asamblea, hace apenas unos meses, gracias precisamente a quienes entonces pactaron con el PP adorar el becerro de oro.

Eran tiempos, la hemeroteca está para atestiguarlo, en los que mientras algunos escribíamos páginas y páginas denunciando que un proyecto que pretendía dar cobijo a cuarenta mil personas no podía hacerse al margen de un Plan General que lo conectara desde todos los puntos de vista con la ciudad, que lo insertara en ella, otros, como el actual portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, defendían, no sólo la legalidad del Plan Rabasa, sino la obsolescencia de los planes generales, instrumentos que, en su opinión, habían quedado superados porque no se podía, y en esto cito de memoria pero casi literalmente, pretender que un documento elaborado hoy organizara en serio por diez o doce años un municipio en movimiento.

Tiempos asimismo en que la patronal salía todos los días a manifestarse, a golpe de silbato del Consell, contra la falta de agua, pero no veía mayor problema en que dentro de Alicante creciera, como un embarazo extrauterino, un nuevo municipio sin establecer los servicios con que debía contar ni las consecuencias para el resto de la ciudad. Al contrario, a "eso" le llamaron "riqueza". Tiempos, también, en que los socialistas justificaban su voto a favor porque faltaban VPO mientras el PP, con el silencio cómplice o inepto (tanto da) del PSOE, llevaba, no sólo diez años sin habilitar suelo para ellas, sino sin obligar siquiera a los promotores a construirlas en los planes que ya estaban aprobados y que sí las contemplaban.
Tiempos, como mínimo, en que había en Alicante dos alcaldes, Alperi y Enrique Ortiz, y ninguno de ellos defendía el interés general.

El constructor, lo dije entonces y lo mantengo ahora, era el único que parecía estar en su papel: el de sacar adelante su beneficio sin mirar atrás ni pararse en mientes. Pero cuando ahora, a la vuelta de los años y con la suspensión encima de la mesa, se echa la vista atrás, no queda otra que pensar que llegó un momento en que, de tan crecido como estaba, se le fue la mano. El Plan Rabasa fue un plan con forceps, sacado adelante a base de una presión intolerable ejercida, no sólo sobre los partidos políticos a través de sus principales dirigentes, sino sobre los sindicatos y el movimiento ciudadano, el poco que queda, en un proceso en el que se llegó a jugar de forma harto mezquina con las esperanzas de la gente, haciéndoles apuntarse en listas para aspirar a una vivienda protegida que no tenían validez legal alguna. ¿Y todo para qué? Pues ahora se ve que para nada.

Rectifico: para nada, no. Para liar una monumental. Para que ahora corramos el riesgo de que la suspensión cautelar, simplemente eso, sin ni siquiera esperar a que llegue la sentencia definitiva, sea en el sentido que sea, desencadene un efecto dominó que acabe por afectar al grupo empresarial más potente de la provincia, a las cajas de ahorro, a un proyecto que Alicante quiere, el de Ikea, e incluso a la supervivencia del Hércules.

Ahora bien: con ser todo eso cierto (que el Grupo Cívica va a ver frenadas en el peor momento de la crisis sus expectativas de desarrollo, que Ikea no tiene intención alguna de esperar dos años a ver cómo se resuelve el entuerto, que las cajas tienen suelo -Bancaja, en concreto, el 40% del plan; la CAM sólo en torno a un cinco- pero, sobre todo, tienen mucho dinero prestado ahí y que el Hércules ya era una losa para las cuentas de Ortiz), con ser todo eso verdad, digo, no vale de excusa ni puede consentirse que se pretenda utilizar como coartada para presionar al tribunal y extender una cortina de humo que intente tapar todo lo mal que se ha hecho y se ha llevado este asunto.

Si hemos dicho que el plan se gestó en tiempos de especulación pura y dura y mediocridad (por no hablar de otra cosa) política, ahora sólo cabe exigirles a todos aquellos que procuraron este embrollo que busquen la solución para que la ciudad no sea, al final, de nuevo la perjudicada. Ahí tiene la alcaldesa un ejercicio de liderazgo que demostrar. El PSOE, uno de responsabilidad que realizar. Y el empresario, otro de realismo y, sobre todo, de humildad. Porque si 2005 fue para él el año del esplendor, éste de 2009, que acaba con Rabasa paralizada y él en los tribunales denunciado como supuesto cómplice de la presunta financiación ilegal del PP, ha sido su annus horribilis. Pero que no se confunda: los cimientos de lo que hoy le ocurre los puso aquel día en que hizo levantar la mano y agachar la cabeza a todos los concejales de la Corporación menos a uno.