Plataforma de Iniciativas Ciudadanas

MANUEL ALCARAZ RAMOS

He escrito tantos artículos sobre el Plan Rabassa dominando el pesimismo que el lector permitirá que hoy me confiese alegre. Alegría matizada, porque en el análisis de las consecuencias del Auto del TSJ también debe haber prudencia. Pero la prudencia no me impide considerar que los opositores al Plan hemos conseguido una importante victoria. Se pensará que es éxito provisional, y será cierto. Pero sólo en el plano jurídico, porque en el plano político y social el asunto tiene más lecturas. Victoria porque, sinceramente, no lo esperábamos. Nuestros argumentos son legalmente consistentes pero creíamos que sería necesario esperar a que resolvieran la demanda que queda por presentar al TSJ; al fin y al cabo todavía hay más argumentos que los que el tribunal ha considerado ahora, en una resolución durísima frente a la frivolidad con que fueron contestando los defensores del Plan las críticas a su impacto negativo sobre la ciudad.

Por eso, incluso poniéndonos en el peor escenario posible, esto es, en el levantamiento de la suspensión cautelar, la advertencia que hace el Auto sobre los posibles motivos de ilegalidad debe hacer reflexionar a los adalides de la famosa barrabasada. Por eso nada volverá a ser igual: la sombra de la duda legal del Plan está ahí, ha llegado para quedarse.

Por ello es el momento de empezar a echar algunas cuentas. No pediré que se desdigan los políticos y empresarios que han cantado hasta la extenuación, con muchos medios económicos por medio, las virtudes del Plan y la seguridad absoluta en su legalidad. Pero bueno es que lo recordemos, porque son los mismos capaces de seguir defendiendo un modelo de no-ciudad para cuando acabe la crisis. Quizá el Auto no marque la terminación definitiva del Plan Rabassa, pero sí es el mojón de referencia del principio del fin de la especulación urbanística tal y como la hemos conocido: ni las condiciones económicas, ni el ambiente político -manchado por sospechas de corrupción-, ni los cambios en la sensibilidad judicial lo van a permitir. Cuanto antes nos demos cuenta mejor será para la ciudad.

Y es que el Plan Rabassa, pese a las fervientes promesas de políticos del PP y promotores, no ha movido ni un metro de tierra, pero sí que ha dado lugar a un uso especulativo del suelo y a expectativas distorsionadas que ahora se tendrán que ir al garete. Pase lo que pase con la suspensión, ¿será creíble seguir prometiendo que el Plan es la tierra de leche y miel donde todo cabe, la solución a todos nuestros males?

El Plan Rabassa, por su extensión y significado, marca el destino de Alicante, pero no sólo en lo urbanístico, sino en lo económico.

El control de tal espacio atribuía a los adjudicatarios un poder extrademocrático con el que presionar en toda la ciudad. Desde que en el verano pasado se aprobó, se ha hablado de trasladar el Rico Pérez -y, si no, de buscar ventajas para el propietario- y del gigantesco proyecto de centros comerciales. Y pese a que de viviendas -incluidas VPO- no se ha vuelto a hablar, en cada caso se ha intentado extorsionar a la opinión pública con necesidades sociales. Los desequilibrios provocados por el Plan, antes de meter un ladrillo, ya se hacían notar, incidiendo negativamente en los discursos que piden diversificar la economía, en las previsiones de gasto público, en el estrangulamiento del pequeño comercio, en las cuentas de entidades financieras y hasta en la reactivación del sector inmobiliario -¿quién va a querer lanzarse con esa concentración privilegiada del mercado?-.

El problema, ahora, no es Ikea, como se han empeñado en decir nuestros políticos. El problema es el Plan Rabassa y la filosofía implícita que hay en él y que ha rebatido el Auto del TSJ. No creo que nadie se aventure a seguir metiendo miedo con el empleo y la necesidad de vivienda: repitamos, otra vez, que hace 10 años se aprobó el PAU III a favor del mismo adjudicatario principal del Plan RabassaÉ no se ha construido ni una vivienda ni se ha creado un solo puesto de trabajo. El Auto también debe llevarse la hipocresía y la propaganda. Ya está bien, ¿no?

Si repasamos los muchos años de mando de Díaz Alperi no recordamos ninguna actuación que dejara su impronta, sólo el Plan Rabassa es su herencia. La que aceptó Castedo, alcaldesa hoy y concejala de Urbanismo en toda la tramitación. Como en el Plan aún no hay festejos populares no ha podido bailarle el agua a las lagunas, pero le ha pesado en todo lo que tuvo que ser su gestión seria. En otro momento, en otro lugar, esto daría lugar a dimisiones, entre otras cosas porque una suspensión definitiva le podría costar mucho dinero a la ciudad y porque carece de un Plan B. Ha actuado de la manera más irresponsable con Ikea, cuando sabía que el escenario legal con el que ahora nos encontramos era bien factible.

Que ahora trate de buscar otro lugar para la instalación culmina el desatino: ¿no nos ha dicho, entre aplausos felices, que el del Plan Rabassa era el único posible y que, si no, no se construiría?

Por eso sólo hay una medida sensata: parar, parar políticamente antes de que judicialmente lo paren, antes de que el procedimiento se empantane por años en los pasillos del Poder Judicial; parar, ahora que saben que no son invulnerables. Parar y sentarse -no con Ikea- sino con los recurrentes, con informes jurídicos, con la perspectiva de cambiar el PGOU en trámite. Parar el Plan Rabassa y debatir con luz y buena fe el futuro de esa pieza esencial para la ciudad, diversificando sus funciones, evitando el uso insostenible de suelo y agua, evitando gastos futuros y crispación social.

No hemos ganado ninguna guerra. Tiempo habrá para cosechar otros sinsabores. Pero cada día tiene su afán. Y en el día de hoy lo más importante es que sabemos que vamos a pasar unas Navidades sin el Plan Rabassa. Felices Fiestas.