viernes, 19 de febrero de 2010

Juristas apuestan por endurecer las penas por corrupción



Juristas que ayer participaron en un debate sobre las causas y consecuencias de la corrupción apostaron por endurecer las penas a los cargos públicos acusados de este delito para que el castigo actúe como inhibidor de los abusos de poder y búsqueda del propio beneficio.


Así lo manifestó ayer el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, Isidoro Blanco, durante su intervención en el citado debate que tuvo lugar en el Club INFORMACION y organizado por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC). Blanco explicó que los problemas derivados de la interpretación del Código Penal para demostrar la comisión de un delito crean en numerosas ocasiones la sensación de impunidad. Como ejemplo puso al jefe del Consell, Francisco Camps, quien recibió regalos como cargo público, pero ante lo que se puede alegar que fueron de parte de un amigo a título personal.


La charla, coordinada por la catedrática de Derecho Procesal de la UMH, Olga Fuentes, contó con la intervención del también catedrático de Procesal, José María Asencio, y del comisario jefe provincial, Enrique Durán, quien explicó que la Policía tiene mecanismos para actuar contra la corrupción en el seno del cuerpo, así como cuando se lo reclama la autoridad judicial.


El periodista de INFORMACIÓN, Pere Rostoll, centró su ponencia en la "situación de emergencia" de la provincia y la Comunidad debido al número de casos salpicados por corrupte

sábado, 13 de febrero de 2010


El TSJ anula la autorización del Puerto para poder instalar la planta de Biodiésel
EU asegura que el fallo puede ahorrar al Ayuntamiento los cuatro millones de indemnización que le exige la empresa por haberle denegado la licencia


El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha anulado el acuerdo que firmó el Puerto en octubre de 2006 y que permitía la instalación de la planta de Biodiésel Alicante en el muelle 19, al entender que "incumple el objeto de la concesión". El TSJ acepta el argumento de Esquerra Unida -que recurrió la decisión de la Autoriad Portuaria- de que sólo se permitían usos ligados al tráfico de mercancías y personas, y no a instalaciones industriales de producción. La empresa nunca llegó a ubicarse allí, pues aunque la Autoridad Portuaria se lo permitía posteriormente, el Ayuntamiento le denegó la licencia en 2007.


Después, la mercantil demandó al Consistorio para reclamar una indemnización de 4 millones por los daños y perjuicios. Por ello, desde Esquerra Unida argumentan que aunque la implantación ya está denegada, el actual fallo del TSJ supone que el Consistorio puede pedir la nulidad de la causa judicial sobre la indemnización. El portavoz de Esquerra Unida de Alicante, Miguel Ángel Pavón, explica que cuando esta sentencia sea firme supondrá "que el Ayuntamiento, que está personado en la demanda que Biodiésel Alicante mantiene contra la denegación municipal de licencia, exigiendo una importante indemnización, pueda plantear la nulidad de ese proceso judicial al haberse rechazado la autorización del Puerto que permitió tramitar la licencia".


Pavón entiende que anulada la autorización del Puerto "pierde validez jurídica" tanto la tramitación de la posterior licencia municipal como la demanda de Biodiésel contra el Ayuntamiento. De esta forma, "desaparece el riesgo de que las arcas municipales tengan que asumir el pago de una indemnización a la empresa". Desde la Gerencia de Urbanismo que denegó la licencia a Biodiésel en 2007 aseguran que los servicios jurídicos municipales estudiarán la sentencia del TSJ para ver de qué forma puede afectar a la otra causa abierta por la que la empresa les reclama los 4 millones de euros. Mientras desde el Puerto consideraron ayer que este fallo "no tiene ninguna repercusión porque el Ayuntamiento ya rechazó la licencia".


Desde el grupo SuBús -que participa en Biodiésel Alicante- aseguraron ayer no tener constancia de esta sentencia y se limitaron a decir que sería estudiada por los abogados.EU denunció que uno de los miembros del Consejo de Administración del puerto que aprobaron esta concesión era también accionista de la empresa adjudicataria. Sin embargo, a pesar de que el TSJ reconoce una desviación de poder en este caso, no puede certificar que el acuerdo "no fuera promover los intereses generales".Recurso sobre los silosEsquerra Unida considera que esta sentencia "tiene que obligar al Gobierno central, a la Generalitat y al Ayuntamiento a replantearse el destino de la zona de ampliación portuaria".


Para la agrupación, debe evitarse "el conflicto entre puerto y ciudad, situando en la plataforma logística que la Conselleria de Infraestructuras promueve junto al Pla de la Vallonga los silos de cemento, cuyas licencias municipales están recurridas en los Juzgados por EU y los vecinos". Tanto la agrupación de Esquerra Unida como los vecinos estudiarán en los próximos días la posibilidad de recurrir las nuevas autorizaciones del Puerto a los silos, después de que la sentencia haya anulado el permiso a la planta de biodiésel.