jueves, 29 de abril de 2010

1 de MAYO



Otra vez unidos en el 1º de Mayo

La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) invita a toda la ciudadanía a participar en los actos del 1º de Mayo.-

En esta nueva conmemoración del 1º de Mayo parece oportuno que la PIC se manifieste nuevamente sobre aspectos relevantes como la crisis económica, la degeneración democrática y la corrupción pública.


El impacto de la crisis en nuestra sociedad valenciana y alicantina es más negativo que en el resto del Estado español. Los datos de meses pasados indican que, por ejemplo, la provincia de Alicante ha destacado por ser la que más empleo industrial ha destruido.


Por si lo anterior no fuese suficientemente importante, asistimos también a niveles preocupantes de degradación democrática en los que no son temas menores las actuaciones del Tribunal Supremo contra el juez Garzón o la incapacidad del Tribunal Constitucional para resolver el asunto del Estatuto de Cataluña. A ello se suma la incompetencia política de las Cortes Valencianas y la desaparición pública del trajeado y Molt Honorable Presidente Camps. El trufado del plato se completa con el tufo de la trama Gürtel, salpicando al Partido Popular y a algunos relevantes empresarios.


En este contexto, la inoperancia del gobierno local alicantino o el mirar hacia otro lado del gobierno autonómico, no contribuye a buscar soluciones a los problemas anteriores que aún no siendo sencillas, hay que buscar con imaginación, audacia política, eficiencia económica y eficacia social. Las recetas de siempre ya no sirven, hay que diseñar y aplicar un nuevo modelo productivo, lejos del agotado “boom” inmobiliario. Un modelo que siendo medioambientalmente sostenible, sea también eficaz en la creación de empleo y en el mantenimiento de los derechos sociales. Resultan imprescindibles nuevas propuestas basadas en la economía del conocimiento y la innovación tecnológica, fruto del diálogo entre los agentes sociales.


Ante esta perspectiva económica, social y política es necesario que la voz de la ciudadanía alicantina sea conocida y escuchada. Por ello, desde la PIC, apoyamos las distintas manifestaciones convocadas en el País Valenciano por Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores para el próximo 1º de Mayo e invitamos a todos los alicantinos y alicantinas a participar en ellas.
Alicante, 26 de abril de 2010.

jueves, 22 de abril de 2010

IDEAS PARA OTRO MODELO DE CIUDAD

Desde hace algún tiempo en Alicante se vuelve a hablar de “modelo de ciudad”, con algunas interesantes reflexiones. Ello refleja una preocupación creciente tras los años en los que el gobierno del PP parecía anclado en un “no modelo”, ya que las determinaciones esenciales las relegó a las urgencias del mercado inmobiliario. Pero esa abstención tan peligrosa ha dado, como era inevitable, unos frutos determinados que causan alarma cuando el ciclo económico ha entrado en barrena. De todas maneras la tendencia, en lo esencial, no ha variado. La llegada de Castedo a la alcaldía ha supuesto una activación de la gobernabilidad, pero no ha promovido cambios significativos en lo urbanístico ni en lo económico, o sea, en el modelo de ciudad. Lo que se dibuja es un “ir tirando”, esperando que la crisis acabe para continuar con el antiguo estilo. Por otra parte las principales decisiones –algunas positivas- sobre el diseño urbano se han adoptado al margen del poder municipal que, curiosamente, no aparece como un actor principal en la definición de la ciudad.

Pero en el momento en el que reaparecen los discursos sobre el modelo de ciudad encontramos que muchas de esas pretensiones de cambio adolecen de un significado real. En ocasiones la promesa de un nuevo modelo de ciudad se limita a yuxtaponer un listado de “buenas prácticas”: fin de la especulación, mejora de servicios públicos o transportes, protección de medio ambiente o patrimonio histórico, etc. Pero esas medidas deberían ser de aplicación a “cualquier” modelo civilizado de ciudad y, en sí, no da respuesta, en su abstracción, a las necesidades concretas; y si parte de la constatación de debilidades, no es suficiente para abordar una restauración de la racionalidad urbana ni para establecer una lógica coherente ante los más acuciantes fenómenos reales.

El análisis nos obliga a caracterizar el modelo residual resultante de la política y de la economía de los últimos años como “neodesarrollista”, que evalúa su éxito en función de datos cuantitativos, sin atender a las realidades cualitativas. Ello provoca que, en entre otras cosas, carezcamos de un marco intelectual de referencia en el que encajar problemas y desafíos. No es extraño que para algunos beneficiarios de estos años, la “medida del éxito” de Alicante haya sido su crecimiento demográfico, pero si bien un incremento poblacional nos informa de una economía en auge, nada nos dice sobre la calidad y sostenibilidad de esa economía, ni sobre otros efectos diferidos, tal y como podemos constatar en el momento de la crisis. La cuestión de fondo es que el incremento demográfico y la evolución de la ciudad construida han supuesto una importante ampliación de la “complejidad”, pero como es una “complejidad desgobernada” se acerca más a un modelo que genera desorden y patologías sociales que a otro que propicie la creatividad y la integración social.
Sirva un ejemplo: la comparación entre el incremento de población y el incremento en la construcción de viviendas muestra que existe una asintonía a favor de ésta: ello no sólo revela el carácter especulativo de parte de la actividad inmobiliaria, sino que nos informa de las dificultades crecientes para mantener esa ciudad crecida desorganizadamente, tan generadora de deseconomías. La ciudadanía encuentra así que Alicante se vuelve incomprensible, porque las demandas o reivindicaciones circunscritas a espacios inmediatos se disuelven en un una realidad más grande sobre la que es difícil tener control. Cada cosa de mediana importancia que ocurre en un barrio o en un sector económico repercute en toda la ciudad, pero no somos capaces de establecer los vínculos. En la ciudad crecientemente ilegible los fragmentos ocultan el todo. Y no es casual que el PGOU lleve más de 70 modificaciones, que el Plan Rabassa se elaborara al margen del planeamiento general o que el proyecto de PGOU se esté convirtiendo en un mecanismo de legitimación de antiguas barbaridades y que siga prisionero del antiguo modelo neodesarrollista: más complejidad caótica.

Tomar nota de estas circunstancias y esbozar líneas de reflexión para su superación es lo que da sentido al debate sobre un nuevo modelo de ciudad. Por eso nos atrevemos a esbozar unas notas, desde la perspectiva de que a esta complejidad anárquica debería seguirle una “complejidad estructurada”. La vertebración de la nueva complejidad, creemos, debería tener en cuenta, al menos, las tres líneas que aquí proponemos:

1.- SOSTENIBILIDAD

Aunque el término “sostenible” sea utilizado hoy para casi cualquier cosa, incluso para lo contrario de lo que realmente significa, es un presupuesto irrenunciable para todo modelo racional porque, en definitiva, nos remite a una pregunta muy sencilla: ¿cuánto habitantes, construcciones o infraestructuras puede sostener nuestro medio físico? Sin duda ese medio es elástico, pero sólo hasta cierto punto. El agotamiento de recursos en el territorio, el paisaje o el agua son límites reales. En algunos casos podemos recurrir a buscarlos fuera del municipio, pero tampoco eso podrá hacerse indefinidamente. No conocemos estudios solventes sobre la “huella ecológica” de Alicante, es decir, sobre la diferencia entre los recursos que existen y los que realmente se gastan, pero debe ofrecer, ya, unos niveles de desequilibrio alarmantes. Por otra parte, la solidaridad y el propio interés nos obligarán cada vez más a adoptar medidas enérgicas para participar en la lucha contra el cambio climático o la reducción de residuos.
Esto no significa que nada se esté haciendo, pero es obvio que no existe una política trasversal de defensa e integración del medio ambiente en las prácticas políticas esenciales. Por ello la disgregación de informes de impacto medioambiental –a veces de dudosa credibilidad- no sirve, pues en todo caso informan sobre el impacto en un segmento territorial, pero no de su reflejo en el conjunto urbano. De la misma manera las políticas globales de movilidad, de relación con el frente litoral, de aprovechamiento de las zonas rurales, de residuos o de expansión urbanística deberían desarrollarse teniendo en cuenta el “principio de prudencia”, dando por sentado que incrementos en las tendencias mantenidas serán muy destructores del medio. Todo ello, a su vez, debería ponerse en relación con el futuro de la actividad económica local: la captación de empresas limpias debería ser un objetivo explícito y conducir a una actuación directa de los poderes públicos. En definitiva, la preocupación por la sostenibilidad debería integrarse en una dimensión intelectual y política más amplia, que supone responder a otra pregunta: ¿qué futuro deseamos para Alicante? Y salvo que la respuesta sea un feliz colapso, una muerte de éxito, exige un cambio de rumbo: al fin y al cabo un futuro guiado sólo por el crecimiento demográfico e inmobiliario significa un mañana con una calidad de vida muy baja, que desprecia nuestras ventajas climáticas o de conectabilidad y aboca a Alicante a un lugar secundario en las redes que se tejen en la globalización.

2.- COMBATIR LA DUALIDAD URBANA.

Quizá el legado más preocupante del neodesarrollismo sea la emergencia acusada de dos ciudades, marcadas por la diversidad de usos urbanos, de inversiones y de capacidad para afrontar el futuro. No es difícil comprobar que hay barrios abocados a la precariedad más absoluta, mientras que otras zonas brillan espectacularmente. No existe una continuidad absoluta entre unos territorios u otras, pero su existencia está en la mente de todos. La alternativa no puede ser que los barrios en declive “se cierren” para que sus habitantes vayan a vivir a la zona de playas, al Plan Rabassa o a las Torres de la Huerta. No es una alternativa porque los desequilibrios espaciales y medioambientales serían inasumibles y porque, en definitiva, esta forma creciente de ciudad quebrada y plagada de PAUs y urbanizaciones dispersas, se relaciona directamente con las desigualdades sociales. En efecto: no conocemos los datos exactos, pero no es difícil imaginar que al mapa del urbanismo desigual se le superpone el mapa de las casas en mal estado, la pobreza, la exclusión, los inmigración extracomunitaria, las personas mayores y el paro, todo ello muy agravado por la crisis.
Se está generando el escenario perfecto para un “urbanismo del miedo”, para que vivir en determinados sitios sea una señal peyorativa que aboca a la desesperanza. El centro urbano reproduce también la dualidad general y no actúa como un factor de reequilibrio y encuentro, sin que haya ideas globales para combatir la situación. El pequeño comercio es, sin embargo, un factor de equilibrio y de mantenimiento de vida en muchos barrios y, sin embargo, vive en precario, amenazado por nuevos megacentros comerciales, en el mejor ejemplo de cómo la perversa lógica dominante tiende a anular la unidad urbana.
Frente a todo ello las medidas paliativas o las reparaciones puntuales son insuficientes. También aquí se impone un análisis trasversal de las causas y de los efectos de esa dualidad que guíe lo esencial de las políticas públicas, tanto en el orden urbanístico, como en el de transportes o servicios públicos. La cuestión puede ser tan grave que sería bueno que hubiera un “pacto solidario de ciudad” entre instituciones, partidos, empresarios, sindicatos y movimientos cívicos que, también, relacionara esta situación con la necesaria diversificación de la actividad económica, evitando monodependencias y mejorando el nivel de la economía de servicios. Porque Alicante está a punto de perder lo mejor de su historia: ser una ciudad inclusiva, sin acentuadas diferencias sociales.

3.- LA METROPOLIZACIÓN.

Asistimos últimamente a diversos debates ciudadanos que podrían resolverse mejor, evitando algunas crispaciones, si la lógica la resolución de los problemas se sacara del términos municipal para llevarla a otro, metropolitano. Así, por ejemplo: IKEA, la situación de la estación intermodal o las medidas para la reactivación económica. Porque ya no es posible imaginar un futuro en el que Alicante esté rígida y altaneramente separada de sus vecinos –singularmente Elx y la corona de municipios de l’Alacantí-, renunciando a articular territorialmente la economía, los servicios, las decisiones medioambientales o la movilidad y la dinámica de transportes. La urgencia de la reflexión es mayor porque la complejidad desgobernada ha planteado las cuestiones sin que existan mecanismos políticos que aseguren el engarce con otros municipios. Recuperar antiguos impulsos –el “eje”, el “triángulo”- adaptándolos a las nuevas necesidades y ver qué puede salvarse del PATEMAE, es más necesario que nunca.
Por eso no puede bastar con gestos o encuentros puntuales o con medidas de corto alcance y menor recorrido -¿de qué sirve ahora la Mancomunidad?-. Es fundamental mostrar decisión y proponer acciones políticas explícitas, a la vez que se fraguan alianzas culturales más amplias, medidas que difundan la necesidad de fórmulas de articulación. Y los políticos alicantinos deberían también ser los encargados de transmitir al poder autonómico la necesidad de contar con nuevos instrumentos jurídicos que definan el hecho metropolitano. Mientras esto no esté en la agenda básica de los partidos, Alicante se condena a ahogarse un poco más en sí mismo, a vivir encerrado en sus insuficiencias, a despreciar algunas ventajas de las economías de escala, a no rentabilizar sus virtudes. La pretensión de ejercer, a la manera decimonónica, una “capitalidad provincial” no tiene sentido si Alicante no es ni siquiera capaz, con inteligencia y valentía, de participar en liderazgos metropolitanos. Y, de la misma manera, ello será una exigencia básica a la hora de plantear demandas ante los poderes autonómicos: es algo, ciertamente, más difícil que vivir del agravio comparativo, pero infinitamente más positivo a largo plazo, pues sólo la constitución de un polo de estas características nos permitiría ejercer suficiente presión en el conjunto de la Comunidad para superar actuales desequilibrios y para que esta zona se integre en dinámicas europeas, que va a premiar la competitividad de territorios más que la de ciudades aisladas.

jueves, 15 de abril de 2010




El interés de las viviendas de Heliodoro Madrona radica en tres valores de orden genérico, una en el hecho de que fueron construidas y destinas al uso de residencia y domicilio habitual de los trabajadores del puerto por voluntad de la propia entidad portuaria. Otra, de orden urbanístico, cuyo interés por el modelo de asentamiento o morfología urbana corresponde a una época de evolución y superación del modelo industrial y el higienista, constituyendo su conjunto una configuración urbana de manzana cerrada con patio central. Manzana formada a base de viviendas unifamiliares en hilera, fruto de haber dejado atrás y haber superado los modelos del siglo XIX y primeras décadas del XX, por ejemplo, las iniciativas de vincular a la ciudad con el sistema de producción (industria). Fruto de esas ideas surgieron estas propuestas que se alejaban del dualismo entre ciudad y campo cuya base se exploraba dentro del sistema industrial rechazando la concentración humana que originó la revolución industrial en las grandes urbes. Tipologías propuestas inicialmente por Engels y Robert Owen, cuyas formulaciones habían quedado como modelo lejano y ahora tenían como propósito superar la concentración masiva del hábitat de los trabajadores y el modelo de vivienda.

Su modelo urbanístico, combinación de prototipo de manzana cerrada con patio central y con una tipología arquitectónica de vivienda de una planta y su disposición en hilera, les permitía disponer de viviendas con doble fachada, con ventilación cruzada que generaba un hábitat que superaba los problemas de la concentración de la vivienda y de saneamiento de los barrios insalubres constituyéndose en el único ejemplo existente en la ciudad de Alicante de aquella época (años 37 a 40).

El valor de su tipología arquitectónica, propia de aquellas viviendas que representan uno de los avances importantes dentro del movimiento higienista vinculado a las viviendas de trabajadores ubicadas en el ámbito del trabajo suponen un ejemplo único de la existencia de oficios que hoy puede decirse que no existen. Viviendas que cuentan con elementos estructurales y constructivos singulares e independientes, que deben ser conservados por tratarse de piezas bien ejecutadas que hoy no se construyen por razones estrictamente económicas al no disponer de profesionales con las habilidades en el oficio que han pasado a ser historia.

Por estas razones y porque la ciudad no puede perder prototipos urbanísticos de hábitat industrial, de arquetipos de viviendas de atemperamiento relevante y de elementos constructivos singulares, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas se opone al derribo de estas viviendas eminentemente ilustrativas y pedagógicas, y porque su derribo supondría un acto contrario a la Ley, al sentido común y al Derecho basado en los extremos siguientes:


1º.- Atendiendo al ordenamiento vigente, Art. 206 de la Ley Urbanística Valenciana (en adelante LUV) y Art. 498 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en adelante ROGTU) resulta imposible para ese Ayuntamiento acordar la declaración legal de ruina al no darse los presupuestos tasados por la norma.




De conformidad con lo dispuesto en los distintos textos legales, para esa Administración debe primar el deber de conservar, procediendo su declaración de conformidad con el Art. 210 de la LUV, cuando la autoridad portuaria acredite haber cumplido puntualmente lo dispuesto en el Art. 206, es decir, cumplir con el deber de conservación, cuestión ésta que no se ha hecho e incumpliéndose dicho deber de forma reiterada, por lo que no es posible declarar, de conformidad con la LUV, la situación legal de ruina de las viviendas, ya que en caso contrario ese Ayuntamiento estaría favoreciendo abiertamente a la autoridad portuaria ante su incumplimiento del deber legal de conservación y cometiendo una arbitrariedad.


La PIC, manifiesta la total oposición a las pretensiones de la autoridad portuaria para conseguir de la Administración Local la declaración formal de ruina legal del Barrio Heliodoro Madrona de conformidad con el Art. 210 de la LUV y Art. 505 a Art. 507 del ROGTU, al ser contraria a la Ley, al sentido común y al Derecho.

2º.- Ha quedado acreditada la dejadez en el mantenimiento y conservación de las viviendas por parte de la propiedad y ese Ayuntamiento deberá, de acuerdo con el Art. 507.1 del ROGTU, denegar la declaración del estado de ruina; y ordenar la ejecución de las obras de conservación o rehabilitación y demás medidas necesarias para reponer las condiciones señaladas en el Art. 206 de la LUV.

Se trata de un acto reglado. Si no está acreditado el deber de conservación sólo cabe denegar la declaración legal de ruina, en caso contrario esa Administración Local estaría adoptando una resolución arbitraria por injusta a sabiendas de que es contraria a Derecho, premiando a un incumplidor y castigando a sus rectos ciudadanos, a los que administraría con desviación de poder en función de los intereses de quién instó el expediente, pero no con sujeción a la legalidad.

3º Por todo ello, manifestamos nuestra total oposición a las pretensiones DE DERRIBO de las viviendas del Barrio Heliodoro Madrona consiguiendo de La Administración Local la declaración formal de ruina legal, ya que es una declaración de ruina contraria a la Ley y al Derecho.

4º Siempre que no se cumplan los presupuestos del Art. 210.1 y 2 de la LUV, está acreditado el incumplimiento del deber de conservación, y el Ayuntamiento SÓLO deberá denegar la declaración legal de ruina, resolviendo expresamente de conformidad con el Art. 42 de la LRJAP.


5º.- La propiedad pretende obtener la declaración de Ruina Legal confundiendo o haciendo confundir el concepto de Unidad Predial.

Las viviendas que componen la barriada Heliodoro Madrona, no forman una unidad predial sobre la que declarar, a la vez, la ruina legal de todas las viviendas en conjunto. El Tribunal Supremo ha precisado el concepto y establece en su jurisprudencia qué constituye una unidad predial como objeto de imputación de la declaración de ruina legal, aclarando que existe tal unidad predial cuando en una construcción todos los elementos arquitectónicos, tanto estructurales como funcionales, forman un cuerpo único y por ello, la declaración de ruina se extiende a toda la edificación.

Evidentemente no es el caso de las viviendas 1 a 36, que sí tienen independencia funcional. Poseen elementos estructurales independientes y pueden ser intervenidas individualmente sin que el derribo de una de ellas implique necesariamente la declaración de ruina legal del resto y consiguiente demolición.
Por tanto, no es posible extender la declaración de ruina a toda la barriada en el supuesto hipotético de que existiera una vivienda en peor estado de conservación que el resto. Esto supondría, por parte del Ayuntamiento, premiar a la autoridad portuaria por dejadez y por el incumplimiento legal en la obligación de conservación al extender la declaración a todas las viviendas.

7º Ausencia de los presupuestos para proceder a la declaración legal de ruina en relación al cálculo de las obras de reparación.

a) No se cumple con lo que dispone el Art. 210.2 de la LUV, ya que, procederá la declaración de ruina cuando el propietario acredite haber cumplido puntualmente lo dispuesto en el Art. 206, realizando diligentemente las obras recomendadas, al menos en los dos últimos certificados de inspección periódica. Cuestión ésta que ha incumplido la autoridad portuaria, no pudiendo procederse a la Declaración de Ruina Legal.

b) En el presente caso y de conformidad con el Art. 210.1 de la LUV, tampoco se cumple lo dispuesto en este punto, pues para proceder a la declaración de la situación legal de ruina por ese Ayuntamiento, el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructural a un edificio deteriorado, o por restaurar en él las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo, supere el límite del deber normal de conservación calculado conforme al Art. 208, cuestión ésta que tampoco se cumple.

8º La principal conclusión a la que se llega es que la causa de los daños apreciados en los inmuebles afectados (pocos) se debe a la ausencia de mantenimiento de la red de evacuación por parte de la propiedad, lo que posibilita que el agua que se pierde se infiltre en la base de arranque de los elementos constructivos.

Si se hubieran llevado a cabo por la autoridad portuaria las correspondientes inspecciones y reposiciones, a las que está obligada por ley, se habría adoptado medidas que hubieran permitido corregir el deterioro, sustituyendo las redes garantizando su estanqueidad y por ende, la estabilidad y seguridad de las viviendas frenando su menoscabo.

9º En realidad lo que se ha pretendido con el informe presentado por la autoridad portuaria es presentar una situación irreal con total falta de objetividad e imparcialidad, elevando los costos de las obras de reparación y bajando los de de obra nueva con la finalidad de obtener una diferencia final que supere el 50% del valor de una vivienda de nueva planta, ajustándose así al Art. 208 de la LUV, favoreciendo descaradamente a la parte que le ha encargado la emisión de su informe.

10º En el dictamen contradictorio que aportaron los inquilinos se justifica, tras examinar el informe de contrario, donde la valoración global por m2 que da dicho técnico como coste de reparación, sería, en el mejor de los supuestos para la autoridad portuaria, únicamente aplicable a las viviendas nº 18, 19 y 35. Sin embargo, lo que hace el técnico es considerar y aplicar el estado de estas 3 viviendas en las 34, multiplicando su valor del costo de reparación de las obras de tres por la superficie de todas las viviendas del barrio Heliodoro Madrona, como si todas estuvieran en la misma situación que la 18, 19 y 35, consiguiendo así un irreal y elevado costo de reparación.

11º La valoración que supondría recuperar los daños existentes en las viviendas de la barriada de Heliodoro Madrona (viviendas 1 a 36) no supera el límite del deber de conservación.

La valoración del costo total de las reparaciones de las viviendas de Heliodoro Madrona, ajustada al estado de conservación y a las intervenciones necesarias para recuperar las afectadas, asciende según el arquitecto de los inquilinos, a un presupuesto de contrata de 118.230,94€ mientras que de contrario, el técnico de la propiedad manifiesta como importe de reparación da un valor de 1.449.255,01 €.

12º El coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, y consolidación estructurales a la barriada Heliodoro Madrona, no supera el límite del deber normal de conservación calculado conforme al Art. 208 LUV, debiendo declarase el incumplimiento del deber de conservación por parte de la autoridad portuaria como causante del estado de conservación de las viviendas, al no haber realizado las inspecciones y las reparaciones necesarias hasta que en abril de 2009, por primera vez, realizó una ITE.

Por tanto ese ayuntamiento debió resolver, ajustado a un acto reglado y de conformidad con el Art. 507.1 del ROGTU, la denegación de la declaración del estado de ruina legal, indicando en la propia resolución, las obras precisas a ejecutar en las viviendas del muelle de poniente para rehabilitarlas en las condiciones señaladas en el Art. 206 de la LUV. En caso contrario, estamos ante un acto de clara connivencia y de arbitrariedad entre ambas Administraciones públicas.