Plataforma de Iniciativas Ciudadanas

PROYECTO DE PGOU:
UN DOCUMENTO POLÍTICAMENTE INSUFICIENTE Y TRAMPOSO

Después de semanas de estudio y análisis del proyecto de PGOU, estamos en condiciones de avanzar algunas conclusiones críticas preliminares que guiarán las alegaciones que la PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS, en parte en colaboración con otros colectivos ciudadanos, presentará próximamente.

UN DOCUMENTO POLÍTICO BAJO SOSPECHA.-

No es imposible descubrir en el proyecto algunas buenas intenciones, como las referidas a una mejor protección del patrimonio histórico-artístico o el intento de apostar por una ciudad compacta. Sin embargo tales aspectos positivos contrastan con el desarrollo real de la ciudad en los años anteriores y, más allá de algunas consideraciones técnicas concretas, es perfectamente lógico desconfiar de quien ahora defiende determinados postulados cuando en el periodo precedente se actuó de manera contradictoria con el modelo que ahora aparentemente preconiza, sin haber reconocido el más mínimo error en la gestión. No es casualidad que el PGOU haya sido “cosa de dos”: la Alcaldesa y el Redactor del proyecto; de esta manera ella ha tratado de esconderse tras el técnico y, a la vez, precisamente, ha tratado de difundir la idea de que nos encontramos ante un “documento profesional” en el que los principios, valores y objetivos políticos no aparecen: esa despolitización del urbanismo es, en sí misma, una manifiesta opción política fuertemente conservadora.

Como se ha manifestado desde diversas perspectivas, el Proyecto está siendo un difundido –“vendido” propagandísticamante- pero se elaborado casi sin participación. Incluso vulnerando algunas normas, en el proceso de redacción no se ha tenido en cuenta la opinión de colectivos ciudadanos, profesionales, etc., aunque sí, al parecer, fue previamente conocido por algunos empresarios de la construcción. Esta falta de una verdadera participación pública es una de las principales debilidades de esta revisión del PGOU. Conectado con esto está la enorme complejidad de la documentación expuesta, en muchos casos textos yuxtapuestos sin conexión lógica entre sí. También se ha confundido torticeramente lo exigido legalmente para la participación con documentos realizados sin atenerse a esos procedimientos, como sucede con el Estudio de Paisaje o el de Sostenibilidad Ambiental. También se echa en falta el cumplimiento de la obligación legal (art. 11.3 de la Ley de Suelo) de incluir entre la documentación un “resumen ejecutivo” de las alteraciones de planeamiento, para facilitar su estudio.

Además se da la asombrosa –e ilegal- circunstancia de que en el Acuerdo de la exposición pública del Plan no se suspenden las licencias -aparte de las discotecas en el Centro- y acuerdos de programación que pudieran ser contradictorios con el nuevo Plan. Es como si no se creyeran demasiado lo que están proponiendo, o, incluso, como un aviso a navegantes para que se apresuren a realizar actuaciones o demoler edificios que se pretenden proteger, antes de que el Plan entre en vigor. Nada hace prever que las alegaciones importantes sean atendidas, ya que tampoco está habiendo un auténtico proceso de diálogo en torno a los grandes temas. No cabe duda de que nos encontramos ante un documento presidido por una gran paradoja: tras muchos años de espera, ha sido redactado con una precipitación enorme y al redactor se le han impuesto una gran cantidad de aspectos sin la debida reflexión. Sospecha y chapuza política son, así, las dos primeras valoraciones posibles.

UN DOCUMENTO PARA UNA CIUDAD AISLADA.-

Con independencia de algunos esfuerzos de los redactores, el proyecto aparece incomunicado de realidades que comprometen de manera evidente, y creciente, el marco urbano en su conjunto. La ciudad aparece, por un lado, aislada de su entorno y, por otro, en algunos aspectos, los desarrollos se presentan fragmentariamente, sin ambicionar una respuesta global y legible para el “todo ciudadano”. Así, no existe ningún intento profundo de incardinar el PGOU con el entorno metropolitano, no están resueltas las relaciones con el Puerto o en la zona litoral –más allá de algún dibujo indicativo que, en realidad, a nada obliga-, no existe una consideración global sobre las dotaciones que dieran sentido a Alicante como ciudad diferenciada en el marco de la Comunidad Valenciana, etc. El PGOU, más allá de las disposiciones legales, debe ser la gran ocasión para debatir y decidir “el lugar” de esa ciudad en un mundo cambiante y agitado y, desde luego, es manifiestamente absurdo que Alicante no lidere reformas que permitan establecer ese marco metropolitano esencial para su vida futura. En otro orden de cosas no hay un estudio global de alteraciones posibles en el paisaje urbano con el impacto de obras de notable altura.


UN DOCUMENTO PARA UNA CIUDAD SIN UN FUTURO DEFINIDO.-

En la misma lógica del punto anterior el proyecto carece de la Memoria de Sostenibilidad Económica al que obliga la vigente Ley del Suelo. Cuando se ha preguntado por la cuestión, se han recibido evasivas que nada aclaran. Pero es evidente que concurren tres circunstancias: A) No se han tomado en consideración los Planes Estratégicos que se han propuesto y se están debatiendo por parte de diversas instituciones: siendo cierto que no están aprobados, nada hubiera costado una aproximación a las necesidades que allí se detectan y a algunas recomendaciones que van perfilándose. B) Es un proyecto que no ha integrado las nuevas realidades y condicionantes que impone la crisis que, desde luego, alterará gravemente las evaluación del empleo. C) La reserva de suelo industrial que se efectúa es positiva, pero, por sí misma, no supone un activo decisivo para la atracción de empresas de alta cualificación tecnológica.

Desde estos puntos de vista el PGOU no ayudará a generar empleo en el medio plazo y, probablemente, ayudará a su destrucción potencial al liberalizar la instalación de grandes superficies, que se intenta justificar por la pretendida oposición de la UE a las limitaciones a la competencia, argumento que no se sostiene por el elevado número de grandes superficies con las que ya cuenta Alicante y que, llevado a sus últimas consecuencias, impediría que el Ayuntamiento interviniera, con su política del suelo, en la actividad económica. En todo caso la ciudad global no aparece como un factor de competitividad, sino que permanece cautiva de un pensamiento anquilosado que sólo la contempla como territorio para la competición de los particulares, como ocasión de enriquecimiento que, en demasiadas ocasiones, ha de pasar por encima de los intereses públicos.

UN DOCUMENTO PRISIONERO DE LA LÓGICA DEL LADRILLO.-

Los puntos indicados en los párrafos precedentes fraguan y adquieren plenamente sentido cuando se advierte que la sobredeterminación que articula todo el proyecto es el de seguir construyendo inmoderadamente, fiando a que eso seguirá siendo la principal fuente de generación de riqueza, según un modelo fracasado, principal causa y consecuencia de la actual crisis económica, que para el Plan parece no existir. Insólitamente se trata de un plan expansionista, con una reclasificación de 13 millones de metros cuadrados de suelo, que la propia Consellería ha considerado como un crecimiento excesivo a corto y medio plazo (informe del Servicio de Coordinación Territorial de 23.09.08). Ello contrasta con las benévolas intenciones acerca de compactar la ciudad o de abordar la regeneración de zonas deterioradas, pues, más allá de algunas medidas técnicas paliativas, sigue dibujado como objetivo del PGOU facilitar al máximo la construcción. No es casualidad que se falsifique la realidad al hablar del Plan Rabassa como PAI “en ejecución”, cuando es obvio que ni siquiera está aprobado definitivamente; que incluya un Plan de la Condomina -Torres de la Huerta- con más viviendas prevista que en Rabassa, que, además, acaba con la posibilidad de rescatar algún pedazo de los antiguos cultivos de la huerta tradicional y del patrimonio histórico y etnológico asociados a ella; que prepare el camino para acabar con partidas rurales; que acepte las alturas excesivas en la Sangueta que afectarán a la imagen de la ciudad, a su paisaje urbano y al hito de la Serra Grossa o que no impugne las construcciones excesivas previstas en la zona del soterramiento de Renfe.

En cuanto a los "parques naturales" que se presentan como el gran éxito del proyecto, al prever 5,5 millones de metros cuadrados de grandes zonas verdes, en realidad se trata de una obligación legal que consolida el modelo desarrollista y depende de él: hay que ceder por cada metro cuadrado nuevo que se recalifica el equivalente ponderado para parque natural, o sea, que si no se desarrollan las grandes actuaciones urbanísticas del PGOU no habrá parques naturales, que, además, son zonas que luego el Ayuntamiento deberá reconvertir y mantener, ya que los propietarios sólo ceden el suelo a cambio de edificabilidad en otro lugar, pero no urbanizan el parque: ¿de dónde y cuándo sacará el dinero el Ayuntamiento?; se ignora, porque, entre otras cosas, como ya se ha dicho, no se aporta el obligatorio informe de sostenibilidad económica.

UN DOCUMENTO QUE HACE TRAMPAS CON EL TIEMPO.-

Es obvio que el PP ha dispuesto de años de bonanza económica para presentar un PGOU en mejores condiciones y que, si no lo ha hecho, ha sido por una mezcla de incompetencia y de deseo de perpetuar una cierta “ley de la selva” que favorecía algunas prácticas de promoción urbanísticas muy características. Lo dicho anteriormente, pues, puede entenderse políticamente como la cuadratura del círculo, como el compromiso entre aprobar un PGOU que actúe bajo las mismas reglas desestructuradas y que, a la vez, sirva para salvar la cara al PP, al borde de la ilegalidad por su atraso. La varita mágica, el artefacto para permitir la trampa, consiste en la duración del PGOU propuesto, que es de 25 años, basándose en un estudio demográfico más que dudoso. En realidad esa cifra se desliza solapadamente en la Memoria Justificativa, aunque ha sido reiterada, machaconamente repetida, en los actos de promoción del proyecto, por su redactor y la Alcaldesa.

Conviene recordar que la legislación vigente aconseja que el PGOU se elabore para 10 años aproximadamente, lo que parece más razonable. Baste recordar que el anterior PGOU, que había quedado obsoleto, entró en vigor en 1987, o sea, hace 19 años. Causa estupor pensar que se pretende ahora planificar la ciudad para un cuarto de siglo, que coincide con la primera crisis de la globalización, cuyos efectos sobre la inmigración, el tipo de economía o el medio ambiente ignoramos casi completamente. Hablar de 25 años, en estas circunstancias, es tanto como hacer un documento por tiempo indefinido que, por lo tanto, pervierte sus propias intenciones, ya que, cuando se plantean objeciones sobre el territorio a construir, el número de viviendas o las relaciones con el entorno, inmediatamente se escucha la replica de que 25 años dan para mucho… ¡Y tanto! Dan, exactamente, para que el desarrollo concreto y real de la ciudad construida vaya haciéndose desde fuera de las instituciones públicas, primando los intereses coyunturales y privados sobre los colectivos. Y dan para las mejores excusas para aplazar sine die la realización de las propuestas sensatas y urgentes, como las relativas a dotaciones en la ciudad consolidada que, sin embargo, no existen el Proyecto.

Por todo ello nuestra valoración global del Proyecto de PGOU es manifiestamente negativa, por lo que efectuamos un llamamiento a la sociedad civil alicantina para hacer oír sus voces, presentar las críticas pertinentes y formular alegaciones para que, al menos, sepamos, en muchas materias, cuál va a ser la posición política real del PP sobre el urbanismo de Alicante para los próximos años.