Mucho se ha hablado a lo largo de estos últimos meses sobre las supuestas bondades que el PR va a proporcionar al conjunto de nuestra ciudad. Pero, al igual que ha sucedido con otros aspectos de este proyecto, o bien se carece de los estudios y análisis básicos que permitan sostener estos argumentos, o bien lo que se presenta como formidables beneficios no son tales sino todo lo contrario, ya que se generarían unos costes extraordinariamente elevados para el conjunto de la sociedad alicantina y de su área metropolitana, pero especialmente para la ciudad de Alicante, donde viven, trabajan y se relacionan sus gentes.
Empecemos analizando brevemente el tan repetido beneficio social de las viviendas que se construirán de la mano de las cerca de 9.000 VPO previstas en este proyecto. Tenemos que referirnos una vez más a la ausencia de estudios e investigaciones que justifiquen las necesidades de este tipo de viviendas en Alicante, las proyecciones demográficas sobre las que se basa, los colectivos sociales a los que se dirige, los perfiles residenciales que pretende atender; ni siquiera se han definido los requisitos sociales y económicos de las personas que deseen acceder a las mismas o algo tan básico como su coste final.
Por tanto, enunciado tal y como lo hace el promotor, más parece referirse a la excusa que permite que se dote de excepcionalidad a todo el proyecto y se saque del documento estratégico y planificador que debe contener las previsiones de vivienda social a medio plazo, como es el PGMOU, careciendo por tanto el proyecto de los requisitos básicos para que estas viviendas puedan calificarse en sentido estricto como sociales, al desconocerse aspectos esenciales sobre las mismas.Si, como se ha dicho y sostenido por los defensores de este Proyecto, las necesidades de vivienda social en Alicante quedarán cubiertas en diez años con el PR, tenemos que señalar que en modo alguno estas 9.000 viviendas darán respuesta a las verdaderas necesidades de vivienda social que tiene y tendrán los sectores sociales más desfavorecidos de la ciudad. Una verdadera política de vivienda social debe no sólo poner en el mercado viviendas con un precio inferior al habitual (algo sin duda necesario), sino también dar respuesta a las necesidades de alojamiento de otros colectivos y grupos sociales que no tienen posibilidades de comprar vivienda, tanto por sus condiciones económicas o de precariedad e inestabilidad laboral tan frecuentes en nuestra sociedad, como por otras razones de carácter social, de movilidad o provisionalidad en la que viven.
Por tanto, desde la perspectiva de la política de vivienda, el PR pretende enmascarar las necesidades de vivienda verdaderamente social que numerosos colectivos de la ciudad tienen, y que se quedarían sin respuesta durante muchos años, ya que la única oferta disponible sería “comprar” una vivienda de ciento cincuenta mil o doscientos mil euros.La compra de vivienda se propone por tanto como el único programa público de vivienda social para la próxima década en Alicante, abandonándose en manos del mercado las políticas y actuaciones que requieren y exigen de políticas públicas compensatorias, como reconoce la Constitución.
El planteamiento torticero que se ha pretendido hacer de la dimensión social del PR a través de la construcción de las 9.000 VPO nos impide valorar su efectividad, en la medida que ni siquiera el propio promotor, que tanto esfuerzo ha puesto en los meses precedentes en abrir una oficina singular para acaparar datos de posibles personas interesadas en sus viviendas, es capaz de decirnos cuántas de esas personas tienen recursos económicos para asumir una hipoteca de 120.000 ó 180.000 euros durante 30 o 40 años. ¿O es que ahora en Alicante las VPO se adquieren simplemente al anotarse en una lista, como nos ha presentado interesadamente el Promotor y algunos de sus defensores?
Junto a una política de construcción de viviendas baratas, como propone el PR, el Ayuntamiento de la séptima capital de España debería contar con un amplio programa de viviendas en alquiler, porque éste es la base de cualquier verdadera política de vivienda social, como han venido haciendo los países europeos de nuestro entorno y se ha aprobado por el Plan Cuatrienal de Vivienda, 2005-2008.
Los planes de viviendas de alquiler que ya se están impulsando en numerosas ciudades y comunidades autónomas (de iniciativa privada o pública) permiten llegar a situaciones y colectivos sociales que están quedando fuera del acceso a la vivienda, y que cada vez son más numerosos. Hablamos así de un grupo cada vez más importante de población con empleos precarios o inestables, que corren el riesgo de marginalizarse o cronificarse.
Al mismo tiempo, los cambios demográficos y poblacionales están llevando a una transformación en los hogares tradicionales, apareciendo nuevas necesidades de alojamiento.De esta forma, frente a la propuesta urbanística contenida en el PR, consistente en:
Familias con posibilidades económicas --> Hipotecas de por vida -->Vivienda en propiedad --> Expulsión a la periferiaSe imponen otros modelos residenciales nuevos a los que en Alicante hay que dar respuesta y que pasan por:Hogares atípicos con escasos recursos --> Alojamientos económicos que permitan vivir dignamente --> Viviendas en alquiler y rehabilitación --> Convivencia en el casco urbano.
En Alicante es urgente atender las necesidades de vivienda que tienen jóvenes, inmigrantes, separados, trabajadores precarios o con movimientos laborales frecuentes, familias monoparentales, mujeres solas con cargas familiares, minorías étnicas o situaciones de pobreza estructural, para las cuales no existe respuesta. Es evidente que la mayor parte de estas personas no podrán comprarse una casa en Rabassa, y quedarán por tanto en situaciones de extrema vulnerabilidad social y residencial. Y como se ha dicho, si el PR pretende ser la solución para 20 años, mucho nos tememos que estas bolsas de precariedad y vulnerabilidad social que son precisamente las que más necesitan las políticas de viviendas sociales, quedarán fuera de las mismas, expulsadas en muchos casos a un futuro incierto.
Tengamos en cuenta que la vivienda en alquiler facilita una movilidad laboral creciente a la que cada vez más personas se ven abocadas, y que la propia planificación productiva promueve.El PR, tal y como ha sido diseñado, profundiza en el abandono de otras políticas urgentes y necesarias que precisa Alicante en materia de vivienda social. Los datos y registros públicos señalan que Alicante tiene el doble de viviendas con déficit significativos que exigirían políticas de rehabilitación o renovación inmediatas.
Efectivamente, mientras que en el conjunto de España y de la Comunidad Valenciana, las viviendas en situación ruinosa, mala o deficiente significan el 10,8% del total, estas mismas viviendas prácticamente se duplican en Alicante, de forma que en esta ciudad el 22% de todas las viviendas se encontrarían en mal estado.Porcentaje de viviendas en mal estado sobre parque total de viviendas(Ruinosas, malas y deficientes)
ESPAÑA 11 %
Córdoba 10 %
Valladolid 8,8 %
Comunidad Valenciana10,8 %
Provincia Alicante 10,4 %
Alicante ciudad 22 %
(Fuente: INE, Censo de población y vivienda de 2001)
Recordemos que son viviendas ocupadas en buena medida por una población cada vez más envejecida y con escasos recursos, por lo que el deterioro resulta imparable, junto a vecinos de toda la vida, trabajadores y otros colectivos que al ver cómo sus viviendas y sus barrios sufren un progresivo deterioro y pérdida de calidad de vida, optan por trasladarse a las nuevas que se construyen en los barrios de la periferia (San Blas, Playa de San Juan, Campo de Golf, Vía Parque, Gran Vía, Garbinet, Miriam Blasco, Cabo Huertas o la Albufereta) o en poblaciones como San Vicente del Raspeig, dotados de mayores calidades constructivas, con equipamientos, zonas verdes y mejores servicios.
Se produce así un doble proceso de movilidad residencial, caracterizado por un vaciamiento de los barrios tradicionales, en los que todos aquellos que pueden, tratan de abandonarlo para cambiarse a otros lugares de la ciudad (algo que ya se está viendo en los registros padronales de este ayuntamiento), junto a una progresiva marginalización y abandono de estos barrios históricos de Alicante, que, a medida que viven un mayor deterioro, quedan condenados a alojar a los nuevos sectores marginados, como inmigrantes o realojados. Hablamos por tanto de intervenciones urgentes y contundentes a favor de la rehabilitación de viviendas y barrios en la ciudad de Alicante, que permitan:
• Mejorar las condiciones de vida de los vecinos.
• Recuperar el patrimonio inmobiliario de la ciudad, evitando su deterioro y darle más valor.
• Mantener y fortalecer el tejido social en esos barrios, evitando su progresiva degradación.
• Y, por supuesto, consolidar y fortalecer la ciudad, cimentar la ciudadanía a través de un refuerzo de la convivencia, en lugar de expulsar a los habitantes hacia el extrarradio
Todo ello es especialmente importante en Alicante, en la medida en que las crecientes situaciones de necesidad y precariedad que surgen hacen imprescindible fortalecer la construcción humana de la ciudad a través de su convivencia y disfrute, en lugar de fomentar el desplazamiento, la diáspora y la disgregación de las redes sociales. Con ello se pierden las relaciones de vecindad y el sentido de pertenencia a la ciudad.
Lo que sostenemos se está produciendo ya, a través de la sustitución de la convivencia y la cohesión de los barrios tradicionales por la despersonalización y la incomunicación en las nuevas zonas que se levantan en la periferia, a través de bloques de viviendas donde los vecinos ni se conocen.La puesta en marcha de un programa de rehabilitación de viviendas en Alicante es una urgencia que el PR no atiende, y que precipitará el deterioro social y urbanístico de la ciudad. Recordemos que un deterioro urbanístico en las viviendas lleva aparejado un progresivo deterioro social, con las graves consecuencias que ello tiene y que se está viviendo en algunos barrios de esta ciudad, ante la pasividad de nuestros responsables públicos.También debemos preguntarnos por los equipamientos comunitarios que acompañan un megaproyecto urbanístico como el PR.
Nadie duda de que en Alicante son innumerables las carencias que en esta materia existen, en especial en los barrios tradicionales, en las zonas más humildes y, paradójicamente, más necesitadas de ellos. Ambulatorios que esperan desde hace años ser transformados en Centros de Salud, Centros de Salud que llevan décadas sin construirse, como el de la plaza de las Américas, barrios sin centros sociales, colegios de educación primaria en barracones o institutos en estados deplorables forman parte de un paisaje habitual en esta ciudad, por no hablar de la ausencia de pistas y canchas deportivas, centros sociales, casas de cultura, clubes para la Tercera Edad, guarderías municipales, bibliotecas y otros equipamientos públicos.
El PR no hace sino profundizar en todas estas carencias, ya que, si ni siquiera existen las dotaciones más elementales para muchos de los barrios de Alicante, ¿cómo se van a garantizar para una ciudad nueva del tamaño que propone el PR? O, dicho de otra forma: todos los equipamientos sociales que se construirían en Rabassa lo serían en detrimento de otros barrios de la ciudad que los necesitan con angustia y que llevan esperándolos desde hace ya muchos años.
Tomando como base un núcleo poblacional similar al que propone levantar el PR (45.000 personas), situado en las cercanías de Alicante, veamos cuáles son los equipamientos sociales públicos disponibles para estos habitantes y que el PR debería incorporar:
Equipamiento social básiconecesario para el PR propuesto1 Hospital de referencia
1 Biblioteca
2 Escuelas infantiles
1 Centro Social y Comunitario
10 Colegios Públicos 1 Centro de Salud
3 Institutos
1 Centro de día para la Tercera Edad
1 Centro de Formación de Adultos
1 Centro juvenil
También es importante que insistamos en la ausencia de estudios demográficos que sustenten un Plan de esta naturaleza. La gigantesca oferta de viviendas concentrada en el PR obedece más a razones de control del suelo sobre proyectos futuros y a aspectos relacionados con operaciones económicas estratégicas que a proyecciones demográficas realizadas al efecto. De esta forma, una parte importante de las mismas (al menos las referidas a las viviendas libres) tiene una finalidad turístico-especulativa, ya que los crecimientos demográficos de Alicante y sus proyecciones futuras no parecen justificar un Plan de esta naturaleza, al que deberá de añadirse el conjunto de las viviendas nuevas que se prevean en la revisión del PGMOU, actualmente en elaboración.Así las cosas, hay que insistir una vez más en el hecho de que en la ciudad de Alicante, es la inmigración (y los nacimientos, reagrupaciones y nuevas familias ligadas a la misma) el componente fundamental que está tirando del crecimiento demográfico de la ciudad.
Hasta el punto de que, si tomamos como referencia los datos de los últimos ocho años, podemos comprobar con claridad cómo si no fuera por la población inmigrante, Alicante hubiera tenido crecimientos demográficos negativos. De esta forma, las migraciones que han acudido a la provincia de Alicante y al conjunto de sus ciudades en los años más recientes son el acontecimiento demográfico más relevante desde la segunda mitad del siglo XX.
Ello se observa con claridad en la capital, si tenemos en cuenta que la variación de la población extranjera en los últimos 8 años ha sido del 670 %, pasando así de los 4.112 extranjeros existentes en el año 97, a los 31.542 del año 2004. Por el contrario, el crecimiento que se ha registrado en el mismo período de tiempo en la población autóctona total sin considerar la población extranjera, habría sido únicamente de 14.185 personas, o sea, de poco más de 2.000 personas al año. Tenemos así que el crecimiento de la población extranjera en Alicante en los últimos ocho años ha sido 134 veces superior al crecimiento experimentado por la población española. Pero esta misma población inmigrante, por sus características sociales, económicas y jurídicas específicas no está ocupando viviendas de nueva construcción en los nuevos barrios (salvo muy contadas excepciones), sino que, por el contrario, está concentrándose en determinados barrios, que son precisamente los más baratos, más degradados, más antiguos y los que exigen de operaciones firmes de rehabilitación urbanística y social.
Volvemos una vez más a la necesidad de proceder a una actuación homogénea, sostenida y de envergadura en el conjunto de la ciudad para evitar que se produzcan fenómenos de segregación residencial y que se concentren en zonas de la periferia de la ciudad habitantes por sus características homogéneas. Por el contrario, en Alicante la vivienda social debe “esponjarse” a lo largo y ancho de la misma, para facilitar la convivencia.
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