Procedimiento sancionador para Ortiz

TRAS LA DENUNCIA QUE PRESENTÓ LA PIC EN 2006, SE ABRE EL PRIMER PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA EL GRUPO ORTIZ POR IRREGULARIDADES EN EL PLAN RABASSA

LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS HA INICIADO UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA EL GRUPO ORTIZ POR IRREGULARIDADES EN LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS A LAS PERSONAS A LAS QUE SE LES OFRECÍA UNA VIVIENDA SOCIAL DEL PLAN RABASSA

La sanción impuesta a Viviendas Sociales del Mediterráneo, empresa del Grupo Ortiz promotora del Plan Rabassa, por infracción del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) significará una sanción de 601,00 € a 60.101,21 €

La resolución que en su día emitió la Sindicatura de Greuges contra el Plan Rabasa también mencionaba estos hechos y señalaba las irregularidades que ahora confirma Protección de Datos

El polémico Plan Rabassa que pretende construir cerca de 15.000 viviendas en Alicante al margen del PGOU, y que ha contado con una amplia contestación social por las numerosas irregularidades cometidas a lo largo de su tramitación, sigue acumulando pronunciamientos públicos contrarios al mismo.

En esta ocasión es la Agencia Española de Protección de Datos, quien tras dos años y medio de tramitación, acaba de comunicar a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas la apertura de un procedimiento sancionador contra la empresa de Enrique Ortiz, Viviendas Sociales del Mediterráneo, por las irregularidades en la obtención y gestión de los datos personales de quienes se acercaron a las oficinas que esta empresa abrió frente al Ayuntamiento para solicitar información del Plan Rabassa.

Los hechos se remontan a junio de 2005, en medio de la amplia contestación que desde numerosos sectores de la ciudad se venía haciendo al Plan Rabassa, su promotor, Enrique Ortiz, apoyado por el Ayuntamiento, abrió una oficina temporal en la misma calle Rafael Altamira, frente al mismísimo edificio consistorial, en la que ofrecían la inscripción para viviendas de este macroplan urbanístico que ni siquiera contaba con la aprobación provisional, recogiendo direcciones de cuantos querían información ofreciendo publicidad engañosa que incluía cuñas radiofónicas y anuncios publicitarios en los que se ofrecían viviendas sociales a cuantos se acercaran a inscribirse.
Todo ello fue denunciado públicamente en su día por esta misma Plataforma, a pesar de lo cual contó con el respaldado del Alcalde Alperi, mientras que el promotor de este negocio urbanístico, Enrique Ortiz afirmaba a los medios de comunicación que “solo quieren informar sobre las Viviendas de Protección Social a los ciudadanos” ante la necesidad existente de viviendas, añadiendo que el Plan Rabassa ya estaba adjudicado, algo cuanto menos falso, ya que por aquel entonces, el Plan estaba en fase de alegaciones, señalando que “llevaría ante el Pleno del Ayuntamiento estad direcciones para avalar la necesidad de obtener la aprobación del proyecto”.

Desde el primer momento, la PIC consideró que estos hechos eran una demostración más del comportamiento irregular del promotor del Plan Rabassa, quien en todo momento ha venido actuando al margen del respeto a las normas más elementales para tratar de forzar la aprobación de este negocio inmobiliario, contando para ello con el respaldo del Ayuntamiento y la dejación de sus obligaciones más elementales en defensa del interés público. De esta forma, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas consideró que ni se podían recoger direcciones para un plan inexistente, ni se podía ofrecer información de unas viviendas sociales que no estaban aprobadas, ni tampoco se podían acumular datos personales de ciudadanos al margen de la Ley de Protección de Datos, algo que contó en todo momento con el apoyo explícito del alcalde Alperi.

Por ello, en octubre de 2006 la PIC presentó ante el Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos una documentada denuncia relatando estos hechos, que tras dos años y medio de tramitación ha concluido en la apertura de un procedimiento sancionador contra Viviendas Sociales del Mediterráneo, perteneciente a Enrique Ortiz, al comprobarse todos los hechos denuciados por la PIC y constituir una infracción del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, que señala, “Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia Española de Protección de Datos”. Por tanto, al no haber solicitado la inscripción de estos ficheros de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos, será sancionado con una multa de 601,91 € a 60.101,21 € de acuerdo con el artículo 45.1 de la citada Ley Orgánica.

Hay que destacar que la resolución contra el Plan Rabasa que emitió el 9 de enero de 2007 la Sindicatura de Greuges, a denuncia de la PIC, y en la que esta institución daba la razón a esta Plataforma en todas las irregularidades denunciadas sobre este Plan, recogía también en sus páginas 30 a 32 estos hechos, llegando a hablar de “publicidad engañosa” y pidiendo al Ayuntamiento de Alicante y a la Dirección General de Consumo de la Generalitat, que “ante los indicios de supuestas infracciones a la normativa de protección de los consumidores y publicidad engañosa de las viviendas, desplieguen con rapidez y eficacia las medidas inspectoras y sancionadoras que procedan”. Ni el Ayuntamiento de Alicante ni la Dirección General de Consumo llevaron a cabo medida de ningún tipo ante los hechos que ahora sanciona la Agencia Española de Protección de Datos.

Para la PIC, este nuevo pronunciamiento demuestra una vez más la corrupción moral y política que ha rodeado este disparate urbanístico desde sus inicios, el desprecio que se ha hecho de las normas legales más elementales y cómo se ha tratado de jugar con las necesidades más sensibles de la gente, como es la vivienda social, para lo cual no se ha dudado incluso en acumular datos de carácter personal al margen de la Ley, contando todo ello con el apoyo de un Alcalde y de un equipo de Gobierno que una vez más han dado muestras de su desprecio a los intereses generales frente a su generoso apoyo personal a Enrique Ortiz.

Un Ayuntamiento que es capaz de pervertir la demanda de vivienda social para amparar un fabuloso negocio inmobiliario de un amigo del Alcalde, que ofrecía hace tres años unas viviendas sociales que ni siquiera cuentan con la aprobación legal definitiva a día de hoy, y que ha llegado a acumular datos personales vulnerando la Ley, demuestra el grado de degeneración moral al que ha sido capaz de llegar para avalar negocios privados tan dudosos como nefastos para el futuro de Alicante, pero tan provechosos para unos pocos.

La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas confirma, una vez más, que agotará todas las instancias legales y judiciales para tratar de impedir que este fabuloso negocio privado amparado por Alperi y sus amigos, alejado de las necesidades urgentes de la ciudad, pueda llevarse a cabo.